Vivenda pide que la Sareb no desaloje a alquilados sin deudas

A pesar de tener un contrato de alquiler por siete años y estar al corriente de los pagos, el pasado mes de diciembre, Pilar González recibió del juzgado una orden de desahucio. «Nos daban 15 días para abandonar el piso», explica. La notificación le llegó también a otra quincena de vecinos del edificio situado en el barrio de Piñeiros, en Narón. González, que había alquilado el piso a través de una agencia inmobiliaria, desconocía en ese momento que su casero había pasado a ser la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb), también conocida como el banco malo. Al igual que los vecinos de Narón, la amenaza de desalojo ha llegado en las últimas semanas a inquilinos de Ares, Burela o Silleda. La Xunta trata de frenar los desahucios y para ello ha remitido una carta al Gobierno.

La conselleira de Medio Ambiente, Territorio y Vivenda, Ángeles Vázquez, se ha dirigido a la titular de Transportes Raquel Sánchez, a la que el presidente Feijóo ya había trasladado su preocupación en la reunión mantenida hace unos días en Santiago. Vázquez recalca que la petición de desalojo llegó incluso a afectar «a viviendas calificadas como protegidas para el alquiler». Esta forma de proceder, indica la conselleira, «está exponiendo a múltiples familias a situaciones de desamparo , una coyuntura a la que se suman las dificultades para poder encontrar nueva vivienda y los perjuicios económicos que sufrirían si no pueden conseguir un alquiler con el mismo coste». Vázquez recuerda que la política del Gobierno central pasa por fomentar el acceso a la vivienda en alquiler mientras la Sareb echa a los inquilinos para proceder a la venta de los inmuebles. Desde la Xunta, afirma, «consideramos sorprendente que una sociedad con capital público prive de sus hogares a sus actuales inquilinos con el objetivo de liquidar activos». Especialmente «cuando el Gobierno de España está en vías de tomar el control de la sociedad», recuerda Vázquez.

Al ser competencia autonómica, Vivenda logró arrancar la semana pasada a la Sareb el compromiso de no desalojar a los vecinos afectados en Burela , que vivían en pisos de protección. En el caso de Narón no existe esta figura. Pilar González explica que tras acudir al juzgado lograron paralizar los desahucios, pero siguen viviendo en la incertidumbre. Temen tener que llegar a juicio.

Tras recibir la orden de desalojo, los vecinos de Narón se han ido enterando del entramado creado hasta que las viviendas pasaron al banco malo, nacido tras la crisis financiera para absorber los activos problemáticos de los bancos y poder sanear el sistema financiero. «La propiedad de los pisos cambió varias veces de manos en los últimos años. La primera promotora fue Narón 2002 y la última Alquila Homes», explica la afectada. «Hasta donde sabemos Sareb tiene un juicio con Narón 2002», relata. «A finales de 2019 pasaron a ser propiedad de la Sareb, no sé si porque tenían deudas o por qué», prosigue. El problema es que los vecinos continuaron pagando el alquiler a través de la inmobiliaria pero no tienen claro a dónde fue el dinero. «Me siento estafada, alguien me ha estado alquilando algo que no era de su propiedad», protesta la afectada. Las fianzas depositadas han desaparecido.

Tras la orden de desalojo, los afectados han dejado de pagarle a la inmobiliaria y depositan en un depósito judicial cada mensualidad. Recurrieron al Ayuntamiento de la localidad, que intentó mediar con la Sareb. Desde entonces están en contacto con el banco malo, pero no se fían de que no quiera echarlos. «Nos empezaron a pedir una documentación, que no te piden habitualmente cuando alquilas una vivienda. Creemos que intentan demostrar que no estamos en situación de vulnerabilidad para echarnos» , subraya. Los afectados nunca han dicho que este fuera su caso. «Yo lo que pido es que me respeten el contrato», indica González. Algunos vecinos ya han abandonado los inmuebles, pero la afectada denuncia que sus pisos han vuelto a ser alquilados por la inmobiliaria.