Los trabajadores de Alcoa queman neumáticos en respuesta a los despidos en San Cibrao

Los trabajadores de Alcoa San Cibrao escenificaron esta mañana la rabia por la posible pérdida de 534 puestos de trabajo quemando neumáticos a la entrada de la factoría. Fue la primera protesta, pero habrá más. Tras reunir a la Comisión Permanente del comité, los representantes de los trabajadores anunciaron que empezarán las movilizaciones, pero que habrá que esperar por lo menos a la semana próxima, dadas las restricciones de movilidad que plantea la pandemia del coronavirus.

El presidente del comité, José Antonio Zan, pedía tras la reunión «a todos los partidos políticos y agentes sociales» que apoyen la «intervención inmediata» de la planta por parte del Estado, para evitar el despido de más de medio millar de trabajadores y el desmantelamiento del complejo industrial dedicado a la producción de aluminio primario. «Pedimos a todos los partidos políticos y agentes sociales que apoyen la propuesta del vicepresidente segundo del Gobierno —Pablo Iglesias-— para una intervención inmediata de la fábrica», dijo Zan a Efe.

El presidente del comité considera que la nacionalización de la planta de aluminio primario es «factible, es viable» y debería estar como «primera opción encima de la mesa» para tratar de salvar la fábrica y los 534 puestos de trabajo directos que podrían desaparecer con el cierre de la misma. «Creemos que la empresa es viable y vamos para que siga funcionando. No estamos para nada de acuerdo con lo que ha expuesto la empresa», insistió. Alcoa asegura que cierra porque se enfrenta a unas pérdidas de 54 millones de euros este ejercicio.

Los principales sindicatos gallegos también respaldan la nacionalización de la compañía . El secretario xeral de la Federación de Industria de CC.OO. en Galicia, Víctor Ledo, reclamó ayer al Gobierno que active de manera inmediata los «mecanismos» que eviten los despidos anunciados en la planta de Alcoa en San Cibrao y den también garantías de continuidad a las empresas electrointensivas. Entre las posibles opciones, Ledo expuso también «la intervención directa en estas empresas» para garantizar «la totalidad de los empleos». A través de un comunicado, la CIG pedía que se recuperase la autorización administrativa de los ERE previa a la reforma laboral, que se sentasen las bases para la creación de una tarifa eléctrica más justa y estable y en «último término se interviniesen las plantas para que retornen al sector público». El día anterior, UGT también exigía al Gobierno central que considerase la posibilidad de intervenir la compañía, dado que se trata de «un sector estratégico» y el país «no puede quedar como un desierto industrial», apuntó en un comunicado.