TRIBUNALES
El Supremo enreda aun más la «Pokemon»: devuelve a De Lara la pieza sobre Aquagest
El TS da la razón a la Fiscalía y la Audiencia Nacional y devuelve la causa a Lugo tras desmontar la justificación de la instructora
Siete años después del inicio de las investigaciones que desembocaron en la «operación Pokemon» , que hizo tambalearse a la política gallega bajo la sombra de una oleada de supuesta corrupción, la madeja de la causa no hace sino enredarse más. El último revés acaba de propinarlo el Tribunal Supremo , que a través de un auto del pasado 19 de septiembre —al que ha tenido acceso ABC—, resuelve que la pieza sobre Aquagest es competencia de Pilar de Lara y su Juzgado de Instrucción nº1 de Lugo, y no de la Audiencia Nacional , como esta pretendía.
El conflicto de competencia surgió en enero del pasado año , cuando el Juzgado Central de Instrucción nº3, cuya titular era Carmen Lamela, rechazó una de las piezas separadas de la «Pokemon» remitida dos años y medio antes por De Lara. La instructora de Lugo alegaba en su exposición de motivos que los hechos investigados afectaban a «una generalidad de personas en el ámbito de más de una Comunidad Autónoma» y los hechos supuestamente delictivos investigados habrían tenido repercusión «en el tráfico mercantil y la economía nacional».
Pero la magistrada Lamela no consideró ninguno de estos dos argumentos y rehusó hacerse cargo de la investigación . Acto seguido, De Lara planteó una cuestión de competencia al Tribunal Supremo para que dirimiera quién debía asumir la causa, y este respalda el criterio de la Audiencia Nacional y de la Fiscalía: debe quedarse en Lugo.
En el auto, del que ha sido ponente el magistrado Pablo Llarena, se incide en que «los hechos denunciados —supuestas corruptelas entre Aquagest y diversos concellos gallegos para el amaño de adjudicaciones del servicio de suministro de agua a cambio de regalos de distinta índole— hayan producido perjuicio patrimonial en una generalidad de personas en el territorio de más de una Audiencia», ya que «solo se han identificado 17 ayuntamientos de Galicia y 7 de Asturias».
Sutil reproche
Además, a modo de sutil reproche a la instructora, considera que «parece difícil que vayan a aparecer más ayuntamientos perjudicados después de más de seis años de investigación» . Del mismo modo, tampoco considera Llarena «que los perjuicios que se hayan podido producir sean de entidad suficiente para que puedan producir grave repercusión en la seguridad del tráfico mercantil».
Llarena además considera que De Lara debe desgajar la parte de la pieza que afecta a los municipios asturianos y remitirla al Juzgado de Instrucción nº3 de Avilés , donde en el marco de la denominada «operación Oriente» también se investigan hechos similares: una supuesta trama de facturas falsas alrededor de Aquaest. Esta causa de Avilés —que no se deriva de la «Pokemon» sino de una denuncia de Hacienda— está pendiente de celebración de juicio oral.
Este criterio de jurisdicción lo hace extensivo a las investigaciones que De Lara mantiene en municipios de Cataluña, Murcia y Valencia . «Deben ser los órganos judiciales radicados en estos territorios los que sigan la investigación iniciada por el Juzgado de Instrucción de Lugo». Precisamente, la Audiencia Provincial de Lugo le anuló a De Lara en una docena de autos el grueso de las diligencias abiertas en el Levante, bajo el argumento de que no era la juez competente. El Supremo ahora da la razón a la Audiencia.
Esta resolución del Supremo se conoce días después de que tres juzgados —dos de Santiago de Compostela y otro de Avilés— rechazaran asumir varias piezas separadas de la «Pokemon» , bajo las más diversas justificaciones. En el caso de los jueces compostelanos, se alegó por una parte una posible prescripción de los hechos y por otra lo sorprendente de que, después de que De Lara se inhibiera y enviara la causa, siguiera practicando diligencias por su cuenta . En el caso de Avilés , la respuesta fue aún más vehemente: la titular del nº7 de Instrucción estimaba que la competencia era de la Audiencia Provincial de Asturias y reprocha lo que considera «una inhibición tardía» de De Lara, investigando después incluso de que decidiera enviar la pieza a Avilés.
De Lara ha planteado otras tantas cuestiones de competencia al Supremo para que dirima qué juzgados deben hacerse cargo de estas tres piezas , que conforman la trama «Pokemon». El TS no entró en el auto del 19 de septiembre a analizar las acusaciones de «inhibiciones tardías» que planteó en su momento Carmen Lamela, y que llevaron a la instructora de Lugo a enviar con dos años y medio de retraso la causa a la Audiencia Nacional, lapso durante el que siguió ordenando diligencias de investigación. Ese retraso, que ella acabó imputando al anterior secretario de su juzgado, la llevó a recibir una advertencia de la Audiencia Provincial de Lugo .
