TRAS MÁS DE DOS MESES DE PARO INDEFINIDO

El sector radical de los sindicatos de la justicia revienta un preacuerdo con la Xunta para poner fin a la huelga

UGT, USO, CSIF y CCOO, que tenían un principio de acuerdo con la administración, ceden ante la presión de STAJ, CIG y CUT y la negociación se vuelve a romper. Rueda, «indignado» por la desealtad de los representantes de los trabajadores avisa: «no habrá más ofertas»

Sindicatos y Xunta, reunidos esta mañana en San Caetano M. MUÑIZ

J. L. JIMÉNEZ/M. NESPEREIRA

La Xunta acudía a la reunión de este miércoles tras haber acercado posturas con cuatro sindicatos del comité de huelga de la justicia. La Vicepresidencia había alcanzado un principio de acuerdo con UGT, CCOO, USO y CSIF que estaba incluso plasmado en un documento , con la idea de que se pusiera encima de la mesa en el encuentro de hoy y, acto seguido, se sometiera a las asambleas de los trabajadores, que acumulan ya más de dos meses de huelga indefinida. Pero la presión del sector más radical de los sindicatos, el formado por CIG, STEJ y CUT ha hecho recular de la mañana a la tarde a las otras cuatro organizaciones , y el principio de acuerdo se ha ido por el sumidero. La consecuencia es que las negociaciones se vuelven a romper, los funcionarios de la justicia siguen en huelga y los ciudadanos seguirán sometidos a los caprichosos servicios mínimos establecidos por los propios huelguistas.

En este principio de acuerdo, detallado en un documento al que ha tenido acceso ABC, se planteaba una subida de 140 euros para el cuerpo de médicos forenses, 133 para gestores, 127 para tramitadores y 122 para los auxilios judiciales . En el caso de las dos últimas categorías, la Xunta elevaba la oferta económica desde los 108 y 105 euros de la anterior propuesta. Además, la subida se haría progresiva en los próximos tres años, incorporando un 50% este 2018, un 30% en 2019 y el 20% final en 2020. El texto incorporaba además una cláusula para que Xunta y sindicatos pudieran reunirse «en el tercer trimestre de cada año» para examinar si los funcionarios perdían posiciones respecto al resto de CC.AA. y corregirlo.

El preacuerdo recogía además un plan para la recuperación de todo el trabajo perdido a lo largo de estos más de dos meses de protesta . Las partes, junto con el TSXG, se daban un plazo de tres meses para articular un plan que tuviera como objetivo recuperar, al menos, el 80% de los actos judiciales que se han ido al limbo . Esto es, horas extraordinarias para los huelguistas que, según fuentes consultadas, podrían recuperar aproximadamente el mismo porcentaje de las cantidades salariales que se les han descontado por la huelga.

En este mismo apartado, la Xunta se comprometía a prorratear a lo largo de lo que queda de 2018 aquellas cantidades pendientes de descuento. El contenido de este acuerdo estaba condicionado a su aprobación por parte de los funcionarios de justicia en sus correspondientes asambleas .

El documento, que contaba con el aval de las cuatro centrales sindicales anteriormente citadas, pasó a convertirse en papel mojado cuando, en la reanudación de las negociaciones tras el parón para la comida, estas mismas organizaciones se suman a CUT, CIG y STEJ para reclamar una nueva mejora en la oferta económica. La Xunta dio por liquidado el acuerdo y se levantó de la mesa de negociación, al sentirse traicionada por sus interlocutores , con los que había venido realizando una productiva labor de acercamiento en las últimas semanas.

«Indignación» en el Gobierno

En un gesto poco habitual, el vicepresidente Alfonso Rueda decidió comparecer ante los medios para explicar los porqués de la ruptura del diálogo y para destapar también el contenido de unas conversaciones que en los últimos tiempos había mantenido «personalmente» con hasta cuatro sindicatos. De aquellos encuentros fructificó el preacuerdo torpedeado «incomprensiblemente» por el ala radical del comité.

Así, vistos los «esfuerzos» de los negociadores de la Xunta por poner fin a la parálisis, Rueda ha querido «lamentar» lo ocurrido este miércoles y expresar la «indignación» y la «perplejidad» del Gobierno por la cerrazón de los huelguistas. «Siempre pedirán más de aquello que se les ofrezca», ha denunciado el titular de Xustiza.

En su intervención, el vicepresidente fue desgranando las mejoras incorporadas a la oferta de la Xunta, en contraposición con las exigencias puestas encima de la mesa por los portavoces sindicales, como que el Gobierno abone «sin más» un 10% del poder adquisitivo perdido por la huelga , o que los planes de recuperación del trabajo se restrinjan «sin control» a los funcionarios que secundaron la protesta.

Rueda ha censurado que la meta final de los huelguistas sea el dinero y ha explicado el empecinamiento del comité por la proximidad de las elecciones sindicales. «No están pensando en absoluto en los trabajadores a los que dicen representar».

En este punto, la Xunta dice basta: ni «va a haber nuevas ofertas» ni se van «a convocar nuevas reuniones» para seguir entrando en un bucle de incrementos salariales contra el que ha venido alertando en las últimas semanas. «Estoy seguro de que el conjunto de la ciudadanía es consciente de que el esfuerzo es muy grande», ha zanjado Rueda en uno de sus muchos mensajes dirigidos a los perjudicados por los paros y a los gallegos en general: al fin y al cabo, quienes corren, vía impuestos, con la factura de las subidas.

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