El sector amenaza con resucitar la crisis si no se pactan los convenios

La suspensión de la huelga del transporte por carretera en Galicia no es el final de la crisis. Ni mucho menos. Tanto patronal como sindicatos trasladan los peligros que conlleva no alcanzar un acuerdo por los convenios colectivos. El conflicto, con la huelga y sus tensiones, podría volver al centro de la escena a comienzos del mes de agosto: una fecha capital para el sector del turismo y para la movilidad de miles de personas. El presidente de Transgacar, Carlos García Cumplido, es nítido al respecto: «Creemos que no va a ser el punto final. Yo me temo la vuelta de vacaciones», enuncia uno de los portavoces de los empresarios.

El sector posiciona su aviso mientras ya corren los días de su propio calendario de negociaciones.

Ayer, las asambleas de trabajadores convocadas en las principales estaciones urbanas dieron cobertura, rozando la unanimidad, al principio de acuerdo sellado con los empresarios. La reunión de casi seis horas celebrada el pasado miércoles concluyó en la suspensión de la huelga y en el traslado de las conversaciones a la mesas provinciales. Por encima de ellas estará el conocido como «marco gallego»: un espacio en el que están representados todos los agentes y que velará por el desarrollo de las propuestas. Se reunirá el próximo día 19 y el 2 de agosto, la fecha límite para hallar una salida al laberinto.

Todos han hecho gestos hacia el entendimiento, ahora que la Xunta ya ha dado los suficientes pasos como para que su plan sea irreversible. Los representantes de los trabajadores entraron a la reunión con una subida salarial bajo el brazo muy superior de la que después se acordó. En todas las provincias, la demanda se traducía en una subida de los salarios superior al 3%. En casos como el de Pontevedra, se pedía un alza del 5,8%.

Al final se quedó en 2%. Y pendiente de ser validado. «Es un movimiento de buena fe en la negociación que tiene que tener una respuesta valorada, porque hasta ahora no teníamos nada», explica el responsable del sector en CC.OO, Marcos Pérez. Los sindicatos inciden en sus gestos de buena voluntad para aprovechar la ocasión y recuperar poder adquisitivo.

Hay cierto alivio, confiesan. Pero la preocupación se sostendrá al menos hasta el 2 de agosto. Si las mesas cristalizan en una hoja de ruta compartida, se podrá hablar al fin del ocaso de la crisis del transporte. Si no, vuelta a empezar. «Hay peligro, sí», relata Pérez, que avisa de que si el rumbo de las conversaciones se tuerce sobremanera, los paros podrían reactivarse antes: el próximo 19 de julio. «Soy optimista pero también cauto. De momento los acuerdos no son suficientes».

En la misma línea, Beatriz Meilán, de UGT, comenta la capacidad para hacer resucitar las movilizaciones: «Tendremos que ver, semanalmente, si se producen avances de buena fe». La CIG hace su propia lectura de las circunstancias. Sin ellos, apuntan en un comunicado, la suspensión la huelga «no habría sido posible»

Publicado el pliego

La cláusula que blinda la subrogación de los trabajadores despejó un camino hasta entonces impracticable. Lo que llegó después fue un aumento de dos millones de euros anuales en la dotación económica del plan. La Xunta se rascó el bolsillo para ofrecerle a la patronal una herramienta con la que incrementar los salarios.

Después de publicar ayer el pliego de su plan de transporte, la licitación de los 41 contratos de la primera fase asciende a 19,3 millones de euros. Sumados todos ellos, más el periodo de vigencia y las posibles prórrogas, la cifra se eleva hasta los 60,4 millones.

A priori, y antes de hacer un estudio de la documentación, Transgacar lo considera «insuficiente» si lo que se pretende es asegurar el empleo. «Aquí se le prometió a lo sindicatos que se iban a garantizar todos los puestos, pero la realidad es que hay menos dinero que antes, menos autobuses. Esto es una cadena», razona García Cumplido que reclama a la administración autonómica una «actualización» del precio de los billetes en todas las líneas. Pero no solo: denuncia que la Xunta adeuda al sector 15 millones de euros por servicios de transporte escolar.

Desde la Consellería de Infraestruturas, trasladan el foco de la crisis a las relaciones internas del sector. El departamento de Ethel Vázquez está centrado en seguir cumpliendo los trámites para que Galicia tenga un modelo renovado de transporte a partir del 8 de agosto. Desde hoy, enviarán las invitaciones a las cerca de setenta empresas que se interesaron previamente por la explotación de alguna concesión.