PPdeG y PSdeG se suman al Gobierno y se oponen a un rescate de Alcoa

La posibilidad de que el Estado español intervenga las plantas de aluminio de La Coruña y Avilés para evitar su cierre parece cada vez más remota. Los comités de empresa y partidos como En Marea o BNG han pedido en las últimas semanas que en el caso de que Alcoa mantenga su decisión de cerrarlas se aplique el artículo 128.2 de la Constitución y las factorías puedan pasar a depender de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (Sepi) mientras no aparezca comprador. La ministra de Trabajo, Magdalena Valerio, enfrió el domingo la propuesta . Ayer tanto el PPdeG, como el PSdeG descartaban también un rescate de las factorías que emplean a unas 700 personas.

«No estamos en una economía estatalizada, no estamos en un régimen comunista», argumentó el domingo Valerio en Santiago. Los portavoces parlamentarios del PPdeG y el PSdeG concordaron esta mañana en que la intervención «no es la solución adecuada» mientras que En Marea o el BNG recordaban otros rescates como el de la banca o el de las radiales madrileñas. El comité de empresa de Alcoa en La Coruña prefirió no salir al paso de las declaraciones de la ministra, aunque insistió que la posibilidad está contemplada en la Carta Magna y confió en que las declaraciones de Valerio respondan a una opinión personal y no de todo el Gobierno. El artículo de la Constitución al que apelan los sindicatos afirma que «se reconoce la iniciativa pública en la actividad económica. Mediante ley se podrá reservar al sector público recursos o servicios esenciales, especialmente en caso de monopolio y asimismo acordar la intervención de empresas cuando así lo exigiere el interés general».

El portavoz parlamentario del PPdeG, Pedro Puy, esgrimió ayer que el Gobierno lo que tiene que hacer, dentro del «marco legal» en el que se mueve, es «cumplir los compromisos» alcanzados en la última reunión de Madrid , a la que acudió también el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo. Según informa Ep, Puy concretó que lo que tiene que hacer el Ejecutivo de Pedro Sánchez es hablar con la empresa para que retire el expediente de extinción de empleo, activar los 150 millones consignados en los presupuestos para completar las pujas de interrumpibilidad para las electrointensivas y articular una tarifa energética estable de como mínimo cinco años.

Desde el PSdeG, Xoaquín Fernández Leiceaga, pidió «no centrarse en una frase», la de Valerio, sino en «el conjunto de la estrategia». «La ministra lo que tiene que hacer es examinar la propuesta de ERE de Alcoa y ver si cumple con todas las formalidades. Y lo está haciendo de forma rigurosa», defendió el dirigente socialista. Leiceaga interpreta que la ministra pretendía decir que «no cabe por parte del Estado la asunción» de Alcoa, dado que «no sería la solución más adecuada». Advirtió, también, de posicionamientos políticos que «se están generando en algunos sectores de opinión con ideas que no pueden prosperar».

«No es comunismo, es trabajar por el interés general», reprochó el portavoz de En Marea, Luis Villares, que instó al Partido Socialista a dejar de «frivolizar» con las propuestas y plantear «soluciones» para los trabajadores de Alcoa. Frente a la resistencia del Gobierno central a estudiar una intervención de la compañía, Villares recordó los «rescates» al sector bancario en los que se emplearon 36.000 millones de euros de las arcas públicas «que se fueron a fondo perdido». En la misma línea, la nacionalista Ana Pontón se preguntó «cuál es el criterio» para que el rescate de la banca sea «solidaridad» y el de una empresa de la que dependen «cientos de puestos de trabajo» constituya «comunismo» .

Entretanto los trabajadores esperan que el Ministerio de Trabajo se manifieste en los próximos días y rechace el ERE por defectos de forma . Hoy han sido convocados por Alcoa a una nueva reunión para negociar las condiciones de los despidos, pero como en ocasiones anteriores no piensan ir.