El PPdeG cierra la puerta a nuevos impuestos para reforzar la sanidad

Ni elevar el IRPF para las rentas superiores a 120.000 euros ni rebajar a 300.000 euros el mínimo exento en el impuesto sobre el patrimonio ni tampoco establecer nuevos gravámenes sobre las bebidas con exceso de azúcar, las viviendas vacías por más de dos años sin causa justificada, las grandes superficies comerciales o las redes de transporte de energía eléctrica de alta tensión. La mayoría del Partido Popular en la Cámara autonómica cerró este martes el paso a la toma en consideración de la proposición de ley defendida por el BNG —y respaldada, aun con matices, por En Marea y PSdeG— con la que los nacionalistas proponían la obtención de 273,3 millones de euros adicionales (185 vía reformas tributarias y 88 más por recortes en gastos varios) para responder a la situación de sobrecarga detectada en la consultas de Atención Primaria.

La proposición fue defendida por la diputada Montse Prado , que reclamó medidas decididas para responder al deterioro del primer nivel asistencial —su presupuesto, sostuvo, es todavía hoy inferior en 188,7 millones al de 2009 y un 40% de los médicos de familia cuentan más de 1.400 usuarios en su cupo—, y rebatida por el diputado popular Aurelio Núñez Centeno , quien acusó a la oposición de responder «como siempre hace la izquierda: subiendo los impuestos». Al respecto, el parlamentario del PPdeG se preguntó sobre el impacto de los nuevos impuestos propuestos, interrogando a la oposición sobre si verdaderamente «¿van a pagar los ricos el impuesto sobre las grandes superficies comerciales o sobre las bebidas azucaradas?» y evidenciando las discrepancias de cálculo de las fuerzas de la oposición en torno a la capacidad recaudatoria de cada uno de los gravámenes: de los 11 millones estimados por el Bloque en el caso del impuesto a los refrescos a los 1,5 manejados por En Marea, dijo, o de los 36 a los apenas 2, en el caso de la tasa sobre las viviendas vacías.

La misma suerte corrió la proposición defendida desde las filas socialistas —e igualmente respaldada por En Marea y BNG—, encaminada a regular con rango de ley cuestiones relevantes en el conflicto abierto a lo largo y ancho del Sistema Nacional de Salud en torno a la situación de la Atención Primaria. La iniciativa, expuesta por el diputado Julio Torrado , planteaba blindar a través de la ley de salud de 2008 y de garantías sanitarias de 2013 aspectos como el límite máximo de pacientes/día demandando por las organizaciones profesionales de la Medicina Familiar — admitido en 30 por la Consellería como «objetivo idóneo» — o la definición de un catálogo de pruebas diagnósticas disponibles para los facultativos del primer nivel asistencial. Ambas medidas, según el texto propuesto, deberían desarrollarse en un plazo máximo de seis meses tras un proceso de consulta con el sector.

Núñez Centeno advirtió del impacto en forma de listas de espera que acarrearía la limitación de consultas y reprochó a la oposición desoír el problema de fondo, que a su juicio gira en torno al envejecimiento de la población y la carencia de suficientes profesionales disponibles, instando a unos y otros a «dejar de utilizar la sanidad como arma partidista contra el PP» y apoyar las reclamaciones de la Xunta al Gobierno estatal en torno a cuestiones clave como supresión de los límites a la reposición de personal público o la autorización de las plazas adicionales demandadas para formar a más médicos especialistas.

El parlamentario popular acusó a la oposición de obviar en su cuantificación del presupuesto perdido el ahorro logrado en el gasto en recetas con el uso de genéricos y reivindicó el Plan de Atención Primaria impulsado por la reinversión del superávit de la Comunidad y aprobado en las últimas semanas por la Xunta: 102 millones en tres años, recordó, de los que 17,2 se orientarán a cumplir el aumento de 308 plazas en distintas categorías comprometido con las organizaciones sindicales y a dotar económicamente las plazas MIR solicitadas al Ministerio.