Nuevas rebajas fiscales para dar un impulso a 60 centros históricos

La Xunta se ha marcado como objetivo recobrar la vida económica y social en los centros históricos de Galicia. El próximo 1 de enero, con la entrada en vigor de la ley que acompaña a los presupuestos , un total de sesenta de estas zonas podrán beneficiarse de un nuevo paquete de rebajas fiscales . A través de la Agencia Tributaria de Galicia, el Gobierno autonómico quiere seguir aportando incentivos para que los inmuebles se rehabiliten y la superficie comercial recupere el dinamismo de antaño.

Los estímulos serán tres, después de que la Consellería de Facenda rematara la orden, que publicará en los próximos días el Diario Oficial de Galicia (DOG). Por un lado, se dará luz verde a una deducción en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF), para aquellos que rehabiliten un edificio ubicado en un casco histórico. En segundo lugar, la Xunta aplicará un rebaja en el Impuesto sobre Patrimonio por la afectación de las actividades económica en estas zonas. También sobre la tasa patrimonial repercutirá la tercera bonificación, en este caso, por la participación en entidades que den valor a los inmuebles localizados en este tipo de áreas.

Según la definición hecha pública por la Xunta, se considerarán centros históricos todos aquellos que hayan sido declarados como bien de interés cultural , pero también los que cuenten con una serie de estructuras patrimoniales y elementos culturales reconocibles de su época, teniendo en cuenta la evolución urbana a lo largo del tiempo. Siguiendo este patrón, el Ejecutivo ha identificado dieciséis enclaves así en la provincia de La Coruña, los mismos que en la de Orense; mientras que en las provincias de Lugo y Pontevedra se ha reconocido la existencia de catorce.

Con este último paso, la Xunta prosigue en la senda de facilitar la recuperación de espacios históricos. La futura ley de regeneración urbana de Galicia incluye la aplicación de un «canon disuasorio» a los propietarios de inmuebles en ruinas, de modo que la recaudación sirva para financiar las obras de reforma. Además, el Gobierno podrá expropiar edificios abandonados, rebajando su valor un 50% para evitar especulaciones