Manuel Martínez ocupó un escaño junto al resto de diputados del grupo socialista
Manuel Martínez ocupó un escaño junto al resto de diputados del grupo socialista - EFE

Martínez resta competencias a la junta de gobierno de la Diputación

El alcalde de Becerreá vota con el PPdeG y recupera para el pleno funciones ejecutivas

Santiago Actualizado: Guardar
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El diputado no adscrito y alcalde de Becerreá, Manuel Martínez, prosigue con su plan y cada votación en el pleno se convierte en un revés para el bipartito. El exsocialista prestó ayer su voto en la sesión ordinaria de la Diputación de Lugo a una moción presentada por el grupo provincial del Partido Popular para reducir competencias de la junta de gobierno de la institución a favor del pleno.

Después de la exposición de motivos realizada por parte del PP y del posterior debate que protagonizó Elena Candia con los portavoces del PSdeG y del BNG, Martínez pidió la palabra para presentar una enmienda a la propuesta aportada por los populares. Su propuesta consistió en que, además de recibir información de todo lo que se trata en la junta de gobierno el Partido Popular, también la reciba en tiempo y forma el grupo de los no adscritos, del que desde ayer Martínez pasó a formar parte de manera cautelar, por la suspensión que le aplicó el grupo provincial socialista.

Los populares aceptaron la enmienda, Martínez consumó la formación de una nueva mayoría y la propuesta salió adelante. La propia portavoz del PP afirmó que «el contexto político ha cambiado» en la Diputación de Lugo, porque hay un gobierno «en minoría» y un presidente que no «tiene el respaldo suficiente para gobernar la institución», de modo que la junta de gobierno «ya no representa a la mayoría de la corporación».

Elena Candia aseguró que la institución está ahora gobernada por un «presidente más preocupado por recopilar firmas de apoyo» de los alcaldes a su gestión, que de gobernar la propia institución, «con actitudes que son más propias de un gabinete de comunicación» que de un gobierno provincial de Lugo.

La nueva mayoría de la Diputación provocó que el diputado del BNG Xosé Ferreiro calificase su actuación de «hipocresía sin precedentes», porque en los municipios en los que gobierna hace exactamente lo contrario, darle más competencias a la junta de gobierno para hacer más opaca la gestión y eludir el control de la oposición. En cualquier caso, afirmó que «en el fondo» los diputados nacionalistas incluso pueden estar de acuerdo con los populares, pero «no en las formas».

En todo caso la «desesperación de los socialistas y nacionalistas» no inquieta al diputado de la montaña. Martínez, a modo de defensa, usó una frase de Felipe González : «Ser socialista es un sentimiento y ese sentimiento obviamente no me lo van a quitar, ni esta tercera generación ni las que vengan en el futuro». «Esté donde esté, mis pensamientos, mis actuaciones en el Ayuntamiento de Becerreá y mis actuaciones aquí —en la Diputación— van a seguir defendiendo al PSOE», precisó.

Con respecto a su futuro, y tras su expulsión del partido y del grupo provincial, avanzó que «no tiene recurso porque es una decisión que tomó el grupo libremente y en función que los miembros que quiera tener», aclaró y lamentó que esta decisión «no la hubieran tomado cuando dejé firmado después del 24 de junio un papel en blanco diciendo si querían que estuviera o no», comentó. Finamente, reiteró que «Manolo Martínez no se va a mover de esta Diputación en cuatro años» y apuntó que cuando reciba el recurso va a recurrir todos y cada uno de los puntos que figuren en el expediente remitido por Ferraz para «dejar clara mi versión de los hechos».

Campos admite irregularidades

El presidente de la Diputación de Lugo, Darío Campos, admite las informaciones publicadas por ABC referidas a las presuntas irregularidades cometidas en la construcción de su vivienda. Campos señaló ayer: «Son ciertas, pero no se preocupen que si tengo que rectificar alguna cosa, si los medios técnicos del Concello así lo dictan, seré el más interesado en hacerlo». Por su parte, desde el PPdeG se califican las explicaciones de «alarmantes» y entienden que «estamos ante un caso más que daña la imagen de la institución, y que se suma a la falta de gestión».

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