De Lara responsabiliza de los retrasos en sus causas a las tardanzas de los informes y los recursos

Durante tres horas, la juez Pilar de Lara ha explicado este martes en Madrid al promotor de la acción disciplinaria del CGPJ, Ricardo Conde, por qué su juzgado se encuentra en una situación de colapso estructural, en el marco del expediente que el Poder Judicial le abrió el pasado 31 de octubre. El resumen de su «minuciosa explicación» ha sido que los retrasos en las macrocausas que instruye no son atribuíbles a decisiones propias, ya que ha expuesto que los tiempos en que ella dicta resoluciones son lo más breve posibles. La culpa es de otros.

Así lo ha explicado a este periódico el abogado de De Lara, Agustín Azparren, quien ha detallado cómo la magistrada «fue explicando caso por caso» de los incluidos por la inspección en su informe , a partir del cual se inició el expediente sancionador. El letrado ha destacado «la memoria espectacular» de su cliente, quien ha ido desgranando las piezas por las que ha sido preguntada, «la mayoría de la operación Carioca». Transcurridas las primeras dos horas de declaración, y con un largo listado de piezas pendientes de otras causas abiertas — entre otras la Pokemon —, De Lara y Conde acordaron que la respuesta se aportaría a través de un escrito elaborado por la instructora.

Según Azparren, Pilar de Lara ha defendido que los retrasos «no son achacables a ella» sino a «falta de tramitación procesal» o a la tardanza en recibir informes elaborados por agentes investigadores o resolver recursos de las partes, pero siempre bajo la responsabilidad de terceros, nunca de ella. Para su abogado, una causa como la Carioca «seguramente sea el asunto más laborioso que haya en un juzgado» en España , acumulando ya «272 tomos y unos 130.000 folios», una instrucción que se mantiene abierta desde hace ya una década. En opinión de Azparren, en un proceso como ese lo normal es que se generen retrasos.

Respecto a la segunda de las acusaciones formuladas contra De Lara, la adopción de decisiones «que con manifiesto abuso procesal generen ficticios incrementos del volumen de trabajo», Agustín Azparren ha replicado que muchas de las piezas «se abrieron por petición del fiscal», no por decisión de su defendida, aunque «casi no se hizo ninguna pregunta» sobre este tema.

Para este martes estaba también prevista la declaración por videoconferencia de la letrada de la Administración de Justicia adscrita al Juzgado de Instrucción nº1 de Lugo —cuya titular es Pilar de Lara—, pero la larga declaración de la juez hizo que el promotor de la acción disciplinaria la retrasara para otro día. Azparren no ha considerado necesario aportar las declaraciones de más testigos en el curso del expediente. «Aportamos prueba documental frente a las alegaciones de la inspección», ha indicado, «y no creo que haya más pruebas».

Tras la declaración de Pilar de Lara, ahora será el turno para el teniente fiscal del Tribunal Supremo, Luis Navajas , que realizará su informe correspondiente, tras el que el promotor de la acción disciplinaria deberá concluir el expediente con la propuesta de sanción, si es que la considera justificada. Azparren ha explicado que «hay seis meses de plazo» desde la apertura del expediente, «pero si no hay más pruebas, en dos o tres meses puede estar concluido».