TRIBUNALES
De Lara archiva la denuncia del CSIF contra Orozco y la alcaldesa de Lugo
La instructora, aunque reconoce que la cobertura de una plaza de asesor jurídico no se realizó por el procedimiento adecuado, descarta que se cometieran los delitos de prevaricación y malversación de fondos
La juez Pilar de Lara ha ordenado el sobreseimiento de la denuncia que el sindicato CSIF realizó en julio de 2016 contra la alcaldesa de Lugo , Lara Méndez, y su antecesor en el cargo, José López Orozco, a los que se investigaba por presuntas irregularidades en la cobertura de una plaza de asesor jurídico en el consistorio lucense. En un auto con fecha de este mismo jueves, la instructora señala que el procedimiento para cubrir este puesto no fue el adecuado, pero que no hay elementos que acrediten la comisión de delito alguno.
El origen de la investigación partió de una denuncia del sindicato CSIF, que llevó al juzgado «el nombramiento de Luis Casais como letrado asesor del ayuntamiento, así como sus sucesivas prórrogas», y también la persona que le sucedió en el puesto, Ana Isabel Saez Mancebo. Ambos ocuparon este puesto entre 2007 y 2016. La designación de uno y otro se produjo a través de comisiones de servicios que bien concejales, bien la junta local de gobierno, fue prorrogando año tras año.
«Resulta claro que el Ayuntamiento de Lugo ha estado permanentemente burlando el sistema de nombramiento del puesto de letrado asesor , ya que lejos de convocar la plaza en la oferta de empleo público ha estado recurriendo al sistema de comisión de servicios durante más de diez años», recoge el auto al que ha tenido acceso ABC, anomalías «puestas d emanifiesto nada más y nada menos que por cuatro sentencias» de juzgados de lo contencioso administrativo.
Pero dicho esto, Pilar de Lara admite que «a lo largo de toda esta anómala y prolongada situación, se han producido una serie de circunstancias que realmente permiten determinar que la ilegalidad recurrente no derive en responsabilidad penal». Sí, Pilar de Lara es capaz de interpretar también en beneficio de los investigados. «De una parte, no consta que ni el secretario ni los restantes técnicos y asesores hubieran advertido de la ilegalidad » del procedimiento, y por otra surge «otro dato irrefutable», como es «las limitaciones para la contratación en el ámbito de la Administración Local» impuestas entre 2011 y 2014 por el Gobierno de España para ajustar el gasto público.
«Tampoco se ha acreditado que pudiera existir un interés personal ajeno al interés público, en asignar la comisión de servicio a ana Isabel Sáez Mancebo, ni mucho menos, que su designación estuviera guiada por el fin de mejorarla económicamente, o que su nombramiento estuviera guiado por un intento de sometimiento de sus informes al objetivo de los políticos». «No se aprecia una actuación caprichosa, arbitraria o injusta que exige la responsabilidad penal», finaliza, «no puede afirmarse que la actuación de los investigados estuviera guiada por un fin ajeno al interés general y público».
Con este archivo, la montaña de imputaciones que Pilar de Lara acumulaba contra el exalcalde socialista José López Orozco continúa menguando. De la decena de causas en las que estaba investigado, hoy solo siguen vivas dos, las relativas a Véndex dentro de la macrocausa «Pokemon» y el llamado «caso Garañón», por la recalificación de unos terrenos en la ciudad, pieza en la que también está enredado el exlíder socialista José Ramón Gómez Besteiro .
Por el camino han ido cayendo la pieza de la grúa , la fábrica de la luz , el supuesto pago de pluses a funcionarios, el acoso laboral a un policía municipal, su participación en el «caso Campeón» y las injurias y calumnias a la Asociación Alpul, todas ellas archivadas. Su presencia en estas causas fue la razón esgrimida en la pasada legislatura por el BNG y Lugonovo para forzar su renuncia como candidato a la alcaldía.
Por su parte, Pilar de Lara puede estar apurando sus últimos días al frente del Juzgado de Instrucción nº1 de Lugo , a la espera de que el pleno del Consejo General del Poder Judicial resuelva (previsiblemente) a final de mes su recurso contra la sanción de suspensión de funciones de siete meses y un día por dilaciones graves en las causas que instruye. A menos que el pleno del Consejo acepte su recurso, De Lara perderá su plaza en Lugo, ya que la sanción será ejecutiva, incluso aunque decida recurrirla a la Sala Tercera del Tribunal Supremo.
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