El juzgado frena por ahora la mudanza de los muebles de Meirás

Segundo frenazo en seco a la mudanza de los muebles del Pazo de Meirás . El Juzgado de Primera Instancia nº1 de La Coruña paralizó el plazo de un mes dado a la familia Franco para retirar los enseres de su propiedad, a la espera de resolver los distintos recursos de reposición planteados por la Abogacía del Estado, la Xunta, la Diputación provincial y los concellos de La Coruña y Sada. Las administraciones públicas habían recurrido la decisión de ese mismo juzgado de permitir la mudanza, en virtud de la resolución de la Audiencia Provincial de La Coruña que levantaba el embargo cautelar de los bienes y reconocía la titularidad de los mismos a los herederos del dictador.

La decisión del Juzgado —que adopta la letrada de la administración de justicia— se limita a paralizar los tiempos de la mudanza a la espera de que la juez resuelva los citados recursos. En ellos se solicita la apertura de un incidente de ejecución para determinar qué bienes muebles del Pazo —en principio propiedad de los Franco— han adquirido la condición de bienes inmuebles por destino , y por tanto estarían bajo la titularidad del Estado, propietario de Meirás tras dos sentencias judiciales.

En paralelo, este mismo Juzgado ha aceptado parcialmente la reclamación de los siete nietos de Franco para que el Estado detalle pormenorizadamente las obras de urgencia aprobadas por el Consejo de Ministros en Meirás, por un importe aproximado de 400.000 euros. Entre la documentación que la juez sustituta Evangelina Belso reclama al Estado para que le sea entregada a los Franco están la ‘Memoria propuesta para la declaración de emergencia en relación con determinadas obras a realizar en el Pazo de Meirás’ —elaborado por la Delegación de Economía y Hacienda de La Coruña, el encargo realizado a Tragsa para que materialice las citadas obras, «un estudio sobre la situación de las instalaciones eléctricas en el Pazo, así como el contrato celebrado para solucionar de manera urgente los problemas detectados» y «los contratos relacionados con la jardinería», según consta en el auto dictado el pasado lunes 10 de mayo.

La juez Belso, no obstante, desestima la petición de los abogados de los Franco para que la familia pudiera designar a técnicos que inspeccionaran las instalaciones de Meirás, por entender que las obras que se efectúen por parte del Estado podrán ser debidamente comprobadas a posteriori y en base a la prueba documental que acredite la Administración.

Por último, la juez considera que la decisión del Estado de realizar obras en Meirás no son fruto de la arbitrariedad sino «de la existencia del previo expediente administrativo, dentro del cual habrá de constar unos informes previos, evaluación de técnicos, etc». «No nos encontramos ante una empresa privada o particular que por iniciativa propia acomete una serie de obras que él entiende como ‘necesarias’ sino ante una Administración Pública» que autoriza una actuación de acuerdo con la legislación .