Un año de la huelga de funcionarios
La Justicia espera una nueva fase del plan de recuperación para normalizarse
La Xunta cifra en 60.000 las horas extra realizadas por parte de 1.900 empleados, aunque siguen los atrasos
El Gobierno gallego reclama al Ejecutivo central un plan específico para jueces, fiscales y letrados
Más de cien días de parálisis en los juzgados gallegos y hasta 17.000 actos judiciales bloqueados. Es el balance que dejó la huelga protagonizada hace un año por los funcionarios de la Administración de Justicia para reclamar mejoras salariales y de sus condiciones de trabajo. Una vez sellado el acuerdo entre las partes y tras haber dejado atrás aquel intenso conflicto, todos los organismos implicados se centraron en la elaboración de un plan de recuperación para desatascar los asuntos acumulados durante los tres meses de paro. Sin embargo, una vez terminada la segunda fase de este plan, la Xunta estudia la posibilidad de activar una tercera en aquellos órganos que siguen acusando el retraso generado a raíz de la huelga.
El director xeral de Xustiza, Juan José Martín, admite en conversación con ABC que analizarán esta posibilidad una vez revisados los datos proporcionados por el Consejo General del Poder Judicial sobre la situación de los órganos judiciales en el cuarto trimestre de 2018. Las cifras del tercer trimestre, las únicas disponibles de momento, reflejan como a causa de la huelga de funcionarios los asuntos pendientes en la Justicia gallega han crecido un 26% más con respecto al mismo período del año anterior . Con todo, desde el Gobierno gallego confían en que el trabajo realizado a raíz de las dos fases del plan de recuperación permita mejorar estos datos.
Según las cifras manejadas por Xustiza, en virtud de este plan unos 1.900 funcionarios —el 68% de la plantilla— realizó unas 60.000 horas extra en jornada de tarde para adelantar trabajo atrasado. La primera fase, iniciada en septiembre, se centró en los servicios de notificaciones y registro, para lograr que los asuntos bloqueados se trasladasen cuanto antes a sus respectivos órganos judiciales. La segunda etapa, que arrancó en octubre y culminó el 31 de diciembre, afectó a cada uno de los distintos órganos, incluido el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia y las Audiencias Provinciales, en donde los funcionarios que se ofrecieron voluntarios realizaron 20 horas semanales en jornada de tarde para agilizar el trabajo pendiente.
«Las dos fases han sido muy positivas», concreta Juan José Martín, al tiempo que matiza que al término de este plan aún hay servicios que mantienen un cierto retraso. «Lo que es el trabajo auxiliar de funcionarios de registrar, compartir y notificar asuntos e stá casi resuelto, pero sigue habiendo pendencia estructural, que ya venía de antes de la huelga y otra se ha incrementado», insiste.
Al margen de que el Gobierno gallego pueda activar una tercera fase del plan de recuperación para desatascar asuntos de su competencia, el responsable de Xustiza incide en la necesidad de que el Gobierno central cumpla sus compromisos y se implique también en este asunto poniendo en marcha un plan específico para jueces, fiscales y letrados. «Si hay que celebrar juicios por la tarde, sin un plan retribuido para jueces y fiscales esos juicios no se van a celebrar», relata Martín. El director xeral de Xustiza espera que la convocatoria de elecciones generales y un eventual cambio de gobierno no influya a la hora de poner en marcha más recursos para el desbloqueo de la justicia gallega. En este sentido, recuerda que el vicepresidente de la Xunta obtuvo el compromiso tanto del Ejecutivo de Mariano Rajoy como del de Pedro Sánchez de implicarse en esta materia.
Aún «colapsados»
Por su parte, Julio Bouza, el coordinador del sindicato mayoritario en la Justicia Gallega, SPJ-USO, reclama la puesta en marcha de una nueva fase del plan de recuperación por entender que los juzgados gallegos siguen aún «muy tocados» tras los treses meses de huelga del año pasado. Según Bouza, las dos primeras fases del plan han tenido un efecto desigual, y mientras en algunos juzgados se ha logrado desbloquear la mayor parte de los asuntos pendientes, aquellos en los que se hicieron menos horas extra continúan «colapsados». «Lo justo sería poner en marcha tres meses más de plan de recuperación para todos los funcionarios de Justicia de Galicia», concluye.
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