Ley de Costas
La incertidumbre se cierne sobre las empresas en primera línea del litoral
La CEG y la Xunta denuncian que el Ministerio endurece los requisitos para prorrogar las concesiones. Aseguran que hay unas cien firmas en peligro de cierre mientras Transición Ecológica rebaja la cifra hasta las 29
Desde hace 50 años, la empresa Paquito de Boiro se dedica a la cocción de mejillón. Ubicada en el dominio público marítimo terrestre, la compañía ha solicitado ya la renovación de su concesión. Pero el Ministerio de Transición Ecológica le pide ahora que retire de la franja pública una parte de sus instalaciones, donde tiene ubicadas sus cámaras frigoríficas. Paquito ha sido una de las primeras empresas en Galicia afectadas por el endurecimiento de las condiciones exigidas para poder continuar la actividad en primera línea de la costa . Pero tanto la Confederación de Empresarios de Galicia (CEG) como la Xunta llevan tiempo advirtiendo de que, al menos, un centenar de empresas del litoral tienen comprometido su futuro. El Gobierno central rebaja esta cifra a, como mucho, 29 compañías.
La inquietud comenzó a finales de marzo del año pasado. Según explica Roberto Fariña, presidente de la Asociación Gallega de Depuración y Comercialización de Moluscos , « sin comunicarlo al sector, el Ministerio colgó en su página web el borrador de una modificación del reglamento de la Ley de Costas». En aquel momento, el departamento que dirige Teresa Ribera justificó que el cambio era necesario tras un informe de la Abogacía del Estado, que había detectado que la norma era «contra legem». Es decir, era contraria a la Ley de Costas, que en el 2013 había modificado el Gobierno del PP para ampliar el plazo de las concesiones en los terrenos más cercanos al mar. Los letrados habían dejado claro, según el Ministerio, que como máximo las concesiones podrían durar 75 años contados desde la primera solicitud y no desde la renovación.
Tras recibir más de 1.000 alegaciones, la modificación del reglamento de Costas se dejó aparcada. El Ministerio explica que, dado que el Gobierno estaba en funciones, «no pudo continuarse con dicha tramitación, que por el momento no ha vuelto a retomarse». Sin embargo, tanto la Consellería do Mar como los empresarios denuncian que en los últimos meses aprecian un endurecimiento en las exigencias a las empresas que empiezan a solicitar prórrogas (aunque no superen los 75 años). «Se está realizando una interpretación de la norma de 2013 hiperrestrictiva», denuncian desde la Consellería do Mar. El gabinete que dirige Rosa Quintana asegura que las nuevas exigencias «encajan con la filosofía del borrador del reglamento que se quería cambiar».
«Tremendamente preocupados»
«El sector está tremendamente preocupado», indica Roberto Fariña. El presidente de la Asociación Gallega de Depuración y Comercialización de Moluscos asegura que el mejillón es un producto estratégico para la economía gallega que se exporta a todo el mundo. «Pero en todos los sectores económicos lo peor que puede pasar es la incertidumbre y el miedo », añade. Fariña explica que las nuevas exigencias que está pidiendo el Ministerio son en la mayor parte de los casos imposibles de cumplir y abocarían a las empresas al cierre. «Manejar esta norma desde un despacho de Madrid en Nuevos Ministerios es un absurdo», denuncia, para reclamar más diálogo de la ministra con el sector en Galicia.
Hasta ahora, representantes de la Asociación se han reunido con el delegado del Gobierno en la Comunidad, Javier Losada. «Nos dijo que tranquilidad absoluta, que no congelásemos las inversiones, pero en enero aparecen las primeras empresas con problemas », indica Fariña.
Desde la CEG critican también la limitación de los tiempos de explotación que en 2013 se habían ampliado. «Deriva en un escaso margen para invertir en la modernización o ampliación de las propias instalaciones, así como para el establecimiento de nuevas industrias», censuran. El Ministerio aclara que las empresas que ya hayan cumplido el plazo máximo y siempre que su actividad no pueda realizarse fuera de la primera franja del litoral podrán solicitar una nueva concesión. Eso sí, tendrán que concurrir con otros interesados a ocupar los terrenos públicos . Las que se considere que pueden producir en otro emplazamiento tendrán que moverse. Es el caso de la pastera Ence. La Abogacía del Estado ha dejado de defender en los tribunales la ampliación de la concesión hasta el año 2060, que le había otorgado el Ejecutivo de Rajoy.
El Ministerio explica que sólo 29 de las 394 empresas que podrían acogerse a la prórroga podrían tener problemas. Desde la Consellería do Mar denuncian la incertidumbre y la inseguridad jurídica que está afectando a las empresas situadas en el litoral gallego y del impacto de los posibles cierres en un sector tan importante para la Comunidad gallega.
