Villanueva, en el centro, en la reunión celebrada en la Delegación del Gobierno
Villanueva, en el centro, en la reunión celebrada en la Delegación del Gobierno - CABALAR/EFE

El Gobierno ultima ayudas extra para los municipios afectados por el fuego

Los declarará zona afectada por emergencia de protección civil. Ya ha habilitado una línea de subvenciones ∑La Xunta espera tener en los próximos días la orden que concrete sus medidas de apoyo a los afectados

SantiagoActualizado:

Nueve días después del trágico domingo 15 de octubre, el Ejecutivo central, la Xunta y la Federación Galega de Municipios e Provincias (Fegamp) se reunieron ayer en La Coruña para tratar de coordinar la batería de ayudas a las que podrán acceder los afectados por los incendios. El delegado del Gobierno, Santiago Villanueva, anunció que desde Moncloa se está ultimando la declaración de zona afectada por emergencia de protección civil a los municipios que sufrieron la virulencia del fuego. Esta figura podría suponer medidas de apoyo extraordinarias a las que ya contempla la legislación para este tipo de catástrofes. Todavía no ha transcendido todavía cuáles serán.

De momento, el Ejecutivo central ha puesto en marcha el paquete de subvenciones habitual para situaciones de emergencia o naturaleza catastrófica. Podrán beneficiarse de ellas, particulares, industrias, administraciones o aquellos que hayan colaborado en la extinción del fuego. Las ayudas están recogidas en el Real Decreto 307/2005, que establece una cuantía de 12.600 euros como máximo para las viviendas destruidas o 17.150 euros por fallecido, entre otras subvenciones. A los municipios se les compensará si tuvieron problemas con el suministro del agua o «por los gastos realizados derivados de actuaciones inaplazables en situación de emergencia», explica el decreto. El plazo para solicitarlas es de un mes y se deben tramitar en las subdelegaciones del Gobierno central en las provincias.

Villanueva explicó que además se están recabando los datos necesarios para llevar a cabo la declaración de zona afectada gravemente por emergencia de protección civil, que podría acarrear medidas extraordinarias, que tendrían que aprobarse en un Consejo de Ministros. Por el momento, la delegación del Gobierno tiene constancia de que durante la ola de incendios se desalojó a más de 2.100 personas y hubo «8.000 auxilios» por parte de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. A estas cifras, hay que sumar las cuatro víctimas mortales, las 70 viviendas afectadas, las 79 instalaciones dañadas por los fuegos y los 49 vehículos calcinados.

Al paquete de ayudas del Gobierno central se sumarán las habilitadas por la Xunta. El Ejecutivo de Núñez Feijóo ya anunció la semana pasada que las familias de los cuatro fallecidos por el fuego recibirán una indemnización de 75.000 euros, que habrá compensaciones para los que perdieron sus viviendas o tienen que repararlas y también para la reconstrucción de naves industriales, locales comerciales o la restauración de activos municipales, como el alumbrado o las redes de saneamiento. El vicepresidente de la Xunta, Alfonso Rueda, presente en la reunión celebrada ayer en la Delegación del Gobierno, aseguró que «en muy pocos días» estarán habilitadas las órdenes de ayuda anunciadas. «Intentaremos cuanto antes ponerlas a disposición», insistió Rueda, quien pidió «la implicación de todas» las administraciones para cubrir «el 100% de las ayudas entre todos» y de forma que los afectados sólo tengan que hacer una petición. En el caso de las indemnizaciones a los familiares de los fallecidos, el decreto de la Xunta las condiciona a que hubiera intencionalidad en el fuego. Rueda consideró ayer que «pocas dudas puede haber» de que fue así. «No estamos hablando de que se acredite una trama incendiaria, sino de que se acredite que esos incendios fueron fruto directa o indirectamente de alguna intencionalidad», explicó el vicepresidente autonómico.

Política preventiva

Desde la Fegamp, su vicepresidente primero y alcalde de Cervo (Lugo), Alfonso Villares (PP), valoró que todas las administraciones se hayan sentado a dialogar para buscar medidas de apoyo a los afectados por los incendios. Villares reclamó además una normativa «más ágil» y una política «preventiva» para evitar los fuegos. «No es cuestión de que haya que poner más dinero del que está puesto, pero sí ir en el camino de concienciar a los propietarios», aseveró.