Galicia suma socios para un sistema de financiación justo y sin privilegios
Feijóo, Fernández y Herrera se oponen a pactos bilaterales y exigen que el nuevo modelo se negocie entre todos. Plantean al Estado que aporte más recursos y garantice la prestación de servicios calculando su coste efectivo
Desde la Xunta aseguran que Alberto Núñez Feijóo no está promoviendo ningún tipo de frente autonómico de cara al debate del nuevo modelo de financiación autonómica, pero la reunión ayer en Oviedo de los presidentes de Galicia, Asturias y Castilla y León estuvo marcada por la fijación de una postura clara ante un sistema que determinará el futuro económico de las comunidades. El socialista Javier Fernández y los populares Núñez Feijóo y Juan Vicente Herrera lanzaron el mensaje de que el modelo que se apruebe el año próximo deberá estar basado en la «igualdad» y pactos «multilaterales», descartando cualquier privilegio a uno u otro territorio, con independencia de sus necesidades o circunstancias. «No se trata de repartir recursos entre territorios, sino entre los españoles» , resumía el barón castellano-leonés.
La reunión de ayer en la capital asturiana tenía como origen coordinar acciones frente a la amenaza común de los incendios, pero acabó convirtiéndose en una suerte de conciliábulo del noroeste, una conjura de tres autonomías que comparten problemáticas como el envejecimiento, la dispersión y la despoblación de sus territorios. Y que asisten, impávidas, a cómo el proceso catalán y las reclamaciones de comunidades de mayor peso económico o poblacional inclinan el debate público sobre el modelo de financiación hacia su lado.
Feijóo manifestó en la comparecencia posterior a la reunión algunas de las ideas planteadas en la entrevista publicada ayer en ABC: se mostró contrario a beneficiar en la financiación a quienes más han incumplido las obligaciones económicas estos años y a emplear el criterio identitario como valor añadido para mejorar posiciones absolutas en el modelo.
Garantizar la solidaridad
«¿Todos los ciudadanos de un mismo Estado deben tener acceso a un nivel equivalente de servicios públicos, residan donde residan?», se preguntó Herrera, y una respuesta afirmativa nos arrojará «a un Estado donde la lealtad, la equidad y la solidaridad están garantizadas», mientras que lo opuesto será un Estado «en el cual el nacimiento en una u otra comunidad autónoma determinará de forma decisiva los recursos sanitarios, educativos y asistenciales que va a recibir cada ciudadano».
Fernández, Feijóo y Herrera rechazaron de plano la propuesta lanzada ayer por el lehendakari Íñigo Urkullu de generalizar el modelo del cupo al resto de comunidades autónomas. Para el titular de la Xunta, esta idea responde a una «visión nacionalista» de España que difiere del diseño autonómico plasmado en la Constitución. Javier Fernández aportó datos: los resultados de un modelo de concierto en País Vasco arrojan una renta per cápita de 31.800 euros frente a los «poco más» de 16.000 de Extremadura, dentro del régimen común de financiación.
El entorno de Núñez Feijóo considera que el mensaje lanzado ayer complementa al de hace unas semanas, cuando Galicia compartió foto con Madrid y, de nuevo, Castilla y León. Entonces, explican, «eran comunidades del mismo color político pero intereses distintos en la financiación», mientras que en Oviedo «se ha escenificado la unidad de territorios con distinto signo pero similares necesidades». Los mandatarios se han emplazado nuevamente el próximo año en León, donde previsiblemente se encontrarán antes de que se celebre la Conferencia de Presidentes que abordará la cuestión nuclear de la financiación autonómica.
Condiciones
Los tres presidentes rubricaron una declaración institucional en la que establecen algunas líneas rojas de cara a debatir la financiación. La primera y fundamental es que el Estado deberá dotar al sistema «de mayores recursos» y no limitarse a redistribuir los existentes, porque en la actualidad existen «déficits de financiación en los servicios». Además, el resultado final deberá garantizar que ninguna comunidad sale peor de cómo empezó la negociación.
La declaración recoge además la garantía de que el sistema se fije «atendiendo a los determinantes de las necesidades de gasto reales» de las distintas autonomías, y para ello —como Galicia ha venido defendiendo desde el principio— «deberán tenerse en cuenta, en mayor medida, variables tales como los costes fijos, la orografía, la superficie, la dispersión, la baja densidad, la baja tasa de natalidad o el envejecimiento y sobreenvejecimiento de la población», entre otros.
Dos son los capítulos de gasto que especialmente refiere el acuerdo tripartito: la Ley de Dependencia y sus costes derivados, e incorporando en el apartado del gasto sanitario el esfuerzo que supone atender a las necesidades de un nuevo grupo de edad, el de los mayores de 85 años.
Igualmente plantean que se potencie «el Fondo de Compensación Interterritorial» a través de «una adecuada dotación presupuestaria y una reforma de los elementos de reparto» y que se aborde en paralelo «la necesaria reforma de la financiación local». Sea como fuere, la de ayer parece que no será la última fotografía de presidentes autonómicos marcando líneas rojas ante el debate que se viene encima.
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