El funcionario de la Subdelegación del Gobierno de Pontevedra, Francisco Javier M.B. ha sido declarado culpable de un delito de cohecho continuado por pedir «regalitos» a cambio de permisos de residencia .
Por siete votos a favor, los miembros del tribunal popular han emitido un veredicto de culpabilidad; ahora los magistrados de la Sección Segunda de la Audiencia de Pontevedra se encargarán de fijar la condena.
Durante la vista oral, el acusado negó los hechos; sin embargo, según el veredicto, ha resultado probado que en el año 2016 el funcionario pedía dinero para realizar funciones propias de su cargo y consiguió 200 euros de dos mujeres diferentes, 150 de una y 50 de otra.
El fiscal Augusto Santaló solicita una pena de cuatro años de prisión y ocho de inhabilitación especial para empleo o cargo público por haber pedido «regalitos» a varias mujeres que acudieron a la institución gubernativa para tramitar permisos de residencia en España.
El Ministerio Público también reclama a la Audiencia Provincial que le imponga 32 meses de multa con una cuota diaria de 10 euros y que devuelva a dos de las afectadas el dinero que les pidió y consiguió de forma irregular.
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