Un funcionario afronta una pena de 8 años por cobrar expedientes de residencia gratuitos

El Ministerio Fiscal pide una pena de ocho años de prisión y trece años de inhabilitación para empleo público para un funcionario de la Subdelegación del Gobierno de Pontevedra que supuestamente recibió en 2016 cantidades de hasta 200 euros por tramitar expedientes de residencia.

Está acusado de delitos de cohecho y falsedad en documento oficial. La vista judicial se celebrará el lunes 24 de junio en la Audiencia Provincial de Pontevedra.

Según recoge el escrito de Fiscalía, en el año 2016 inició, tramitó y finalizó cuatro expedientes de residencia, algunos de larga duración y otros de residencia temporal inicial, por los que no tenía derecho a percibir ningún tipo de retribución .

A AI.M.U., que tramitó una solicitud de autorización de residencia temporal, «le dijo que tenía que hacerle un regalito y ésta le entregó 50 euros». Otra de los afectadas acudió a la Subdelegación portando 200 euros, que no llegó a entregar al acusado porque fue atendida por otra funcionaria, lo que provocó que el acusado le llamase la atención.

A otro, N.RS.S. le pidió 150 euros, de los que 100 se los entregó en la oficina y los 50 restantes en la calle. El afectado pensó que «el pago formaba parte de las tasas a pagar por la tramitación del expediente». Además, también realizó cambios en las fechas en la solicitud de autorización presentada por AI.M.U., que fue quien presentó denuncia por los hechos el 29 de septiembre de 2016.

La Fiscalía solicita penas de ocho años de prisión y 13 de inhabilitación especial para empleo o cargo público, así como multas de una cuota diaria de 10 euros durante veinte meses por el primer delito y 10 euros diarios durante doce meses por el segundo delito. Además, deberá indemnizar a AI.M.U. en 50 euros y a N.RS.S. con 150 euros.