Entrevista a Blanca Estrella Ruiz, presidenta de la Asociación Clara Campoamor«Pediremos la prisión permanente revisable para el parricida de Oza»

la Asociación Clara Campoamor se personará como acción popular en el parricidio de Javi, el niño al que su padre presuntamente apaleó y mató en un eucaliptal de Oza-Cesuras el pasado mayo. Al frente esta organización desde hace más de tres décadas, su presidenta, Blanca Estrella Ruiz, explica que «hay una familia y una madre a la que le han destrozado la vida, por lo que también seremos acusación particular si así lo precisan». Desde la delegación de la asociación en Galicia, liderada por el letrado Ricardo Pérez Lama, han estado presentes en casos como el asesinato y violación de Maruchi Rivas, la muerte de los gemelos de La Coruña o la de la niña Asunta Basterra. «Siempre a favor de los derechos de la infancia», anota la presidenta.

—Desde verano de 2015 los huérfanos de las madres asesinadas por sus parejas son considerados también víctimas de la violencia de género. Pero las madres a las que les arrebatan a sus hijos todavía no entran en la estadística.

—No, pero estamos luchando por ello. Ha costado doce años conseguir que los hijos de madres muertas a manos de sus parejas también contabilicen. Y ha sido gracias a la diputada gallega Marta González, que recogió nuestra petición y la defendió en la modificación de la Ley de Violencia de Género. Yo también hablé personalmente con la secretaria xeral de Igualdade gallega, Susana López Abella, sobre la situación en la que quedan esas madres a las que matan en vida y nos aseguró que van a velar por ellas, sobre todo en cuanto a tratamiento psicológico, que es lo que más requieren. Eso, y que el culpable sea condenado. Porque lo que la madre de Javi lo que quiere es Justicia.

—¿Defienden también que los padres que tienen una condena por maltrato no puedan disfrutar de la custodia de sus hijos?

—Totalmente. A mí hace dos meses se me requirió en la subcomisión contra la violencia de género como experta. Y propuse esta medida recordando que en la legislatura anterior cambió en el Congreso de los Diputados la Ley contra la violencia de género y ahora dice que los hijos y las hijas de las víctimas también son víctimas y, por lo tanto, tienen los mismos derechos. Eso incluye las órdenes de alejamiento, que por obligación también se tienen que extender a los hijos de la pareja para su protección. Pero los jueces aún no lo han entendido. No han entendido que si un hombre tiene medidas de alejamiento, no puede tener régimen de visitas.

—Tanto en el crimen de Oza como el de Moraña -el filicida que supuestamente segó la vida de sus dos hijas con una sierra radial- los acusados aprovecharon el último día de la custodia para actuar.

—Sí, se ha demostrado que es un riesgo. Este derecho que los jueces dan a los maltratadores, ellos lo usan para seguir maltratando a la mujer. Yo también llevo muchos años denunciando que se cierren los puntos de encuentro para los hijos de víctimas de violencia de género, porque es una vulneración de los derechos de los niños. Y en ocasiones se les obliga a ir sin que ellos quieran. Eso se tiene que terminar en una democracia como la nuestra.

—¿En el caso del crimen de Oza van a pedir prisión permanente revisable, como se ha hecho ya en el parricidio de Moraña?

—Totalmente. Los españoles y las españolas estamos de acuerdo con la prisión permanente revisable. Si a alguien no le gusta el nombre, que lo cambie. Pero el fondo es que el condenado tenga que cumplir toda la pena y al final tenga diez años de libertad vigilada. Con la prisión permanente revisable no se va contra los derechos humanos. Los derechos humanos se ven atacados por los maltratadores que aprovechan el régimen de visitas para seguir maltratando a la expareja a través del menor. Y en los casos más extremos, para matar a su propio hijo.

—Usted lleva décadas implicada con el problema de la violencia sobre la mujer. ¿Cree en el «efecto llamada»?

—No, y cuento una anécdota. Hace muchos años, cuando aún la llamaban «violencia doméstica», una mujer me contó que viendo la televisión con su marido él le dijo que a ella también le iba a romper el brazo. Esas personas sí se envalentonan cuando oyen un caso. Pero que alguien mate a su hijo porque otro lo mata, no. El que asesina es porque es un asesino y quiere matar a su mujer. El hijo es el medio.

—Lleva desde el año 1972 atendiendo a víctimas. ¿Qué ha cambiado en las últimas décadas?

—La primera vez que yo fui con una mujer a la comisaría a denunciar que su marido la había agredido, el policía me dijo que las mujeres no podían denunciara sus esposos. Nos dijeron que nos fuésemos porque no se podía presentar esa denuncia y que si nos poníamos tontas iban a llamar al marido para que nos viniese a buscar. Esto era lo que pasaba en el 72. Un día se me ocurrió ir a hablar con el gobernador de la época y cuando le planteé el problema llegamos a un acuerdo. Quedamos en que no podían denunciar porque era la ley de aquel momento y la Policía no la podía incumplir. De acuerdo. Pero lo que hicieron fue dar instrucciones para que a estas mujeres se las protegiese. Y así fue. Si a mí una mujer me llamaba, yo avisaba a la policía y les daba la dirección. Ellos tocaban a la puerta y se personaban allí, para llamarle la atención porque no podían hacer nada más. Y nunca me mataron a ninguna porque la Policía iba cada dos por tres a la casa a ver si estaban bien. Lo que falta ahora es una mayor protección.

—Pero ahora existen medidas como las órdenes de alejamiento. ¿No son suficientes?

—No, porque el problema con las órdenes de protección es que cuando la mujer se va a su casa nadie se cerciora de que no está dentro el agresor. Hay que extremar la protección. Yo he vivido la violencia terrorista en el País Vasco y tengo amigos que han estado amenazados. Y por eso propuse en el Parlamento hace poco que a las mujeres víctimas de la violencia de género las protejan escoltas, como en sus tiempos a la clase política, a la empresarial o a la judicial. Esa es la mejor seguridad que, día y noche, se les puede dar.