El crimen de Oza-Cesuras acentúa el debate sobre el régimen de visitas entre maltratadores

En este caso no cabe afirmar aquello de que tuvo que ocurrir una tragedia para que se le pusiera remedio, pero el supuesto filicidio ocurrido el domingo en el municipio coruñés de Oza-Cesuras acentúa y apremia un debate abierto hace tiempo: el de la legislación sobre el régimen de visitas y la custodia compartida en casos de violencia machista donde ya existían denuncias —e incluso condenas— por parte de la madre hacia su expareja. Tras la muerte de un niño de once años a manos supuestamente de su progenitor, que hoy declara ante el juez que investiga el caso para decidir si es enviado después a prisión, tanto la Xunta como la Defensora del Pueblo reiteraron ayer que es necesario revisar el actual sistema.

Desde Santiago se pronunció en esta línea la secretaria xeral de Igualdade, Susana López Abella, quien recordó que el pasado marzo, el Gobierno autonómico ya instó al Senado —donde una comisión busca un pacto de Estado en materia de violencia de género— a reformular el sistema vigente. Abella recordó que esta petición es una demanda constante entre las asociaciones de víctimas y avanzó que Galicia será «beligerante» para conseguir cambios al respecto. «Hay mujeres que sufren cuando tienen que dejar a sus hijos a padres con antecedentes», avisó según recoge Efe. Y aunque matizó que «eso no quiere decir que los progenitores no tengan derecho a estar con sus hijos, hay que ser especialmente cuidadosos».

Desde Madrid, y precisamente en una intervención en la Cámara Alta, Soledad Becerril replicó esta misma propuesta. La Defensora del Pueblo afirmó ante los senadores que «no habrá más remedio que revisar esas visitas o esos permisos o la patria potestad». La madre del pequeño asesinado precisamente el día de la madre había presentado dos denuncias contra su expareja, en tratamiento psiquiátrico. La primera se remonta casi una década atrás. La formuló en 2008 y terminó en una condena por un delito de coacciones. La siguiente fue interpuesta en 2013 por amenazas a través de las redes sociales, pero fue archivada al no ser posible demostrar si el progenitor fue el autor de los mensajes denunciados.

Decisión «muy meditada»

Más comedido fue en sus declaraciones el delegado del Gobierno en Galicia. Preguntado al respecto durante la conmemoración del 173º aniversario de la Guardia Civil en la localidad coruñesa de Bergondo, Santiago Villanueva señaló que cuando un juez adopta una decisión de este tipo «es muy meditada». No obstante, subrayó ante lo ocurrido en Oza-Cesuras que «cuando se culmina con la muerte de un niño de once años, algo falla ahí. Todos fallamos». Por eso también se muestra partidario de «meditar sobre ello».

El sospechoso, que confesó el crimen ante la Guardia Civil y los guió hasta el cadáver abandonado en un monte, sigue detenido en la comisaría de Lonzas, aunque hoy pasará a disposición judicial al agotarse el plazo para hacerlo. Las pesquisas para esclarecer lo ocurrido seguían ayer, mientras en distintos lugares se sucedían las concentraciones de repulsa por lo ocurrido.

Una de las más numerosas de vivió en la plaza de María Pita, con el alcalde de La Coruña al frente. Entre las 300 personas congregadas estaban placeras del cercano mercado de San Agustín, donde trabaja la abuela del pequeño asesinado. También hubo un minuto de silencio en el colegio San Francisco Javier, donde es conserje la madre. «Estamos todos muy apenados», lamentaban emocionados los presentes.