La decisión que marcó el rumbo del sector naval en Galicia

La sentencia del Tribunal General Europeo (TUE) en la que avala la amortización anticipada aplicada a buques para la financiación de activos, el conocido como «tax lease», afianza la posición de los astilleros españoles ante armadores, entidades financieras e inversores. Un espaldarazo a la legalidad del sistema de bonificaciones fiscales aplicado en España por el que el Gobierno lleva batallando los últimos cuatro años. Ahora la justicia le da razón frente a los astilleros de otros países de la UE como Holanda, Noruega, Finlandia o Portugal, que denunciaron ante la Comisión el modelo de bonificación español anulado en 2011.

Pese a que la medida fue recibida con alegría en el sector, convencido de que servirá para paliar la maltrecha cartera de pedidos en algunos astilleros españoles, las consecuencias de la decisión, que lleva firma del excomisario de la Competencia, el socialista Joaquín Almunia, han tenido efectos demoledores sobre una industria de partida fuertemente azotada por la crisis económica.

El número de empleos perdidos se contaron por miles (solo en Vigo y Pontevedra 8.000), cientos de empresas auxiliares se vieron abocadas al cierre y el mapa de constructores navales adelgazó considerablemente; entre los que cesaron su actividad (hasta cinco nacionales y MCíes en Galicia) y los que permanecieron en el dique seco durante este largo periodo de inseguridad jurídica. Solo en la Comunidad gallega las pérdidas económicas se estiman en los 2.000 millones de euros.

El fallo refuerza así la confianza en el sector naval de cara a reactivar la contratación en su impacto más inmediato y, además, abre la puerta a mejorar las condiciones del modelo actual (el reformado en 2012) habida cuenta de que el sistema anterior también era válido. Asimismo, exime a los inversores (entre los que se encontraban bancos, fondos y grandes multinacionales) de devolver las subvenciones fiscales percibidas desde 2007 que exigió hace dos años Almunia. En total los beneficios durante este periodo ascendían a cerca de los 3.000 millones de euros, si bien el cálculo del Gobierno limitaba el reembolso a 126 millones, ya que solo en parte se consideraron irregulares.

La sentencia conocida el pasado jueves resuelve los primeros dos recursos de los más de 60 presentados por las sociedades afectadas y que aún están pendientes de resolución judicial, incluidos los presentados por entidades como Bankia o el grupo Inditex.

El régimen aplicado a ojos del Tribunal de Luxemburgo es perfectamente legal y compatible con el derecho comunitario, por lo que tumba las tesis defendidas entonces por los denunciantes (astilleros europeos) y que el excomisario socialista hizo suyas. Estima que la conclusión a la que llegó el Ejecutivo comunitario, de que las medidas podían «falsear la competencia y afectaban a los intercambios comerciales» entre Estados miembros al considerarse ayudas públicas, «no está suficientemente motivada».

Cadena de denuncias

El sistema de arrendamiento fiscal (SEAF), vigente desde 2002 y anulado en 2011, proporcionaba a armadores e inversores del naval —constituidos en una agrupación de interés económico (AIE)— bonificaciones de hasta el 30% en la construcción de un buque, entre la amortización anticipada del barco, el régimen de tributación por tonelaje y la exención de la plusvalía coincidiendo con su traspaso a la naviera encargada de su explotación.

El «tax lease» español fue denunciado en varias ocasiones desde su puesta en marcha, en 2006 y 2007. Durante todos esos años Bruselas reclamó información a las autoridades españolas, pero no llegó a tomar ninguna decisión al respecto hasta la última denuncia formulada en 2010, y en la que se abordaban la aplicación práctica del modelo y sus efectos bajo el argumento de que el sistema español atentaba contra la libre competencia. En 2009 Neelie Kroes, entonces comisaria de la Competencia y hoy vicepresidenta de la Comisión Europea, negó que el sistema fuera discriminatorio, una percepción que no compartió a su llegada su sucesor en el cargo Joaquín Almunia. A él se le reconoce haberle dado la última estocada al sector naval cuando ya estaba con respiración asistida al reabrir la investigación en 2011 y declarar el sistema ilegal.

Tras 17 meses de suspenso, Bruselas daba luz verde al reformulado modelo en noviembre de 2012. «Después de un largo proceso de discusión, hemos podido aprobar un nuevo régimen de arrendamiento financiero compatible con las normas de ayudas de estado de la UE, sobre la base de las últimas propuestas presentadas por las autoridades españolas», celebraba entonces el excomisario europeo. «Este nuevo régimen no es selectivo y permitirá responder en particular a las preocupaciones del sector naval español sin falsear la competencia en el mercado único europeo», agregaba. Una versión, basada en el sistema francés, el único que aceptaban las autoridades europeas, que reducía considerablemente las ayudas fiscales.

Un año más tarde llegaba la condena. La Comisión Europea pedía a España devolver las ayudas ilegales concedidas a los astilleros desde 2007. No podía exigir las anteriores a 2005 ya que cuando declaró ilegal el sistema de ayudas al naval francés en 2006 no exigió la devolución de las bonificaciones amparándose en los principios de confianza legítima y seguridad jurídica.

Cerrada la investigación del «tax lease» con esta última sentencia a favor de España y tras cuatro años dando la pelea, ante la posibilidad de que los países que motivaron la denuncia puedan recurrir el fallo, el Gobierno ya ha anunciado que se personará en todos los procesos que se abran al respecto. Mientras, son muchas las voces que piden depurar responsabilidades por los «daños y perjuicios causados». La Asociación de Pequeños y Medianos Astilleros (Pymar) estudia ya las vías legales para que estos sean reparados.