La cuñada de Silva pide el archivo de la causa al estar «prescrito» el delito

Para la defensa de la familiar de Carmela Silva, una de las investigadas en el caso de los supuestos enchufes que salpica a la concesionaria Imesapi y al Ayuntamiento de Vigo, no hay caso. En un escrito presentado ayer al Juzgado de Instrucción número 7 y al que ha tenido acceso ABC, la asistencia legal de la cuñada de la presidenta de la Diputación de Pontevedra y teniente de alcalde en la ciudad alega que los hechos que se le imputan a su patrocinada «no se sostienen en ninguna diligencia de investigación practicada ni se encuentran mínimamente corroborados por otros actos o hechos externos o indiciarios». Motivo por el cual pide que se declare el sobreseimiento y se archiven las diligencias abiertas contra Vanesa Falque Barral.

El abogado sostiene que «actualmente, las sospechas que pudieran existir respecto de un posible tráfico de influencias han quedado totalmente difuminadas», y pone en cuestión que alguna diligencia posterior arroje un posible indicio de criminalidad. Es más, considera esta probabilidad «altamente remota».

La juez que investiga su presunta contratación fraudulenta en la citada concesionaria municipal sospecha de «delitos continuados de malversación de caudales públicos», en tanto en cuanto no encuentra justificación a los pagos realizados por el Concello por los trabajos encargados supuestamente por Falque.

Si bien, respecto a la posibilidad de que se confirme el «tráfico de influencias», extremo sobre el que abunda no existe «ninguna prueba que pueda certificarlo», el abogado añade que los delitos denunciados por la Fiscalía «habrían prescrito». Explica que desde el último contrato firmado por su clienta (junio de 2008) y el inicio de la investigación (agosto de 2014) habrían transcurrido 6 años. Si bien es cierto, se suscribieron distintos contratos menores que implicaban la contratación de Falque hasta 2013.

El escrito, que se apoya en las declaraciones del resto de investigados y testigos para reforzar la idea de que nadie influyó en la contratación de la familiar de Silva, concluye que la condición de investigada de su cliente se basa en «meras conjeturas e infundadas hipótesis». En el mismo, alude a los daños laborales, personales, familiares y de salud que le está provocando a su cliente.