Coronavirus Galicia
Las residencias de mayores están obligadas a comunicar en dos horas las muertes por coronavirus
Según los últimos datos de Política Social un total de 50 personas han fallecido en Galicia en estos centros
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La situación en las residencias de mayores es una de las mayores preocupaciones en esta crisis del coronavirus. Según los datos de Política Social, a última hora de la noche de ayer los centros contaban con 689 usuarios contagiados y 246 trabajadores. Desde el inicio de la emergencia sanitaria, la Consellería ha informado de 50 muertes en estos centros. Pero la información ha sido confusa y se han registrado numerosas protestas de familiares que no saben en qué estado de salud se encuentran sus allegados. Para intentar poner orden, la Xunta publica hoy en el Diario Oficial de Galicia un acuerdo que establece la obligatoriedad para todos los centros sanitarios y sociosanitarios, tanto públicos como privados, de comunicar los casos y muertes por Covid-19 que tengan en sus instalaciones . Los fallecimientos deberán trasladarse en el plazo de dos horas.
El acuerdo del Consello de la Xunta, fechado a viernes 3 de abril, detalla que todos estos centros deberán declarar no solo de las muertes, sino de «todos los casos» de coronavirus e infecciones respiratorias agudas registradas «tanto en las personas usuarias como en el personal». Los datos de positivos deberán ser comunicados de forma diaria y estar a disposición de la Dirección Xeral de Saude Pública entre las 15,00 y las 18,00 horas. En cuanto a l os fallecimientos, deberán informarse en menos de dos horas a contar desde el «momento en que se produzcan». Los establecimientos sanitarios públicos lo harán a través de una aplicación informática corporativa, mientras que el resto de centros y servicios sanitarios y sociosanitarios tendrán que informar a las jefaturas territoriales de la Consellería de Sanidade «respetando los principios de confidencialidad, rapidez y utilidad».
En el caso concreto de los usuarios con coronavirus, los centros deberán comunicar nombre y apellidos, DNI, fecha de inicio de síntomas, existencia o no de muestra, fecha de recogida de la muestra, si hubo ingreso hospitalario, si está en un domicilio, si está en una residencia y el nombre de esta. Si fallece, indicarán lugar, causa y fecha de la muerte. Respecto del personal, se requerirá nombre y apellidos, DNI, puesto laboral, fecha de inicio de síntomas, existencia o no de muestra, fecha de recogida, hospitalización y si muere por COVID-19 y fecha.
Asimismo, el acuerdo publicado este martes establece que «será responsabilidad de la persona titular de la dirección o gerencia del centro, servicio o establecimiento» asegurar «que todos los facultativos médicos» informen «en tiempo y forma». En este sentido, deberán facilitarles los medios «para que puedan cumplir» con estas indicaciones.
Este nuevo acuerdo, fechado el pasado viernes, permanecerá en vigor «mientras se mantengan el estado de alarma -desde la medianoche del 14 al 15 de marzo- y la emergencia sanitaria» -declarada el viernes 13 de marzo- y tendrá el objetivo de «disponer en todo momento de la información puntual sobre el avance del virus y sus consecuencias». Hasta el momento, la cuantificación de las víctimas con COVID-19 elaborada por el Servizo Galego de Saúde (Sergas) no recogía los fallecimientos registrados fuera de centros hospitalarios, entre ellas las producidas en residencias geriátricas. Política Social ha venido informando por su cuenta.
Este mismo domingo, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, mantenía una reunión por videoconferencia con los presidentes autonómicos en la que indicaba que quería «toda la información de todas las residencias, tanto públicas como privadas», para poder hacer «un seguimiento adecuado» durante la crisis del coronavirus. Después se publicaba en el Boletín Oficial del Estado (BOE) que esta información será remitida al Ministerio de Sanidad «por primera vez antes del día 8 de abril», es decir, este miércoles, y que desde entonces será actualizada «cada martes y viernes antes de las 21,00 horas». Sin embargo, en el caso del protocolo único emitido por el Gobierno para computar los fallecidos, las instrucciones dadas por el departamento de Salvador Illa a las comunidades autónomas solo requiere contabilizar aquellas muertes confirmadas como casos de COVID-19, no las sospechosas.
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