AUTOPISTA DEL ATLÁNTICO

El Congreso debatirá el traspaso de la AP-9 pero no se aceptará un rescate

Solo Ciudadanos vota en contra de la petición del Parlamento gallego de que la vía sea de titularidad autonómica. PP y PSOE advierten que en el trámite tendrá que desaparecer la opción de recuperar la gestión 100% pública

Los diputados del Parlamento gallego posan junto a la presidenta del Congreso, Ana Pastor EFE

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Más de dos años después del primer intento, el traspaso de la gestión de la autopista del Altántico a Galicia se debatirá finalmente en el Congreso de los Diputados. Todos los grupos, a excepción de Ciudadanos, aceptaron esta tarde la toma en consideración de la proposición de ley aprobada por unanimidad en el Parlamento gallego en 2016. Pero tanto el PP como el PSOE adelantaron que para consumarse la transferencia, el texto deberá eliminar la referencia a un posible rescate para lo público de la concesión de la autopista, que ostenta Audasa.

Después de tres vetos del anterior Gobierno de Rajoy, que bloqueó el debate, una delegación del Parlamento gallego logró viajar a Madrid a defender el cambio de titularidad de la autopista, hasta ahora en manos del Estado. Martín Fernández Prado, del PPdeG, Antón Sánchez, de En Marea y Luis Álvarez, del PSdeG coincidieron en la importancia para Galicia de la vía y la necesidad de que se gestione de forma más próxima a sus usuarios. Todos subrayaron, además, las deficiencias del servicio de la autopista , que pese a figurar entre las más caras de España registra continuos atascos .

Martín Fernández Prado tachó de «desorbitados» los peajes de la AP-9 y recordó que en enero subirán el doble que el resto de autopistas estatales. El diputado del PPdeG destacó, además, que con la petición del traspaso Galicia no trata de «reafirmar ningún sentimiento identitario» y que se hace conforme a lo estipulado por la Constitución y el Estatuto de Autonomía. Luís Álvarez del PSdeG recordó que mientras en otras autopistas se liberan los peajes, los gallegos tendrán que seguir pagándolos hasta el 2048 tras la decisión del Gobierno de José María Aznar de prorrogar la concesión, una situación que tachó de «insostenible» dado que la vía conecta a las «tres cuartas partes de la población gallega» . Desde En Marea, Antón Sánchez puso el enfásis en que el cambio de titularidad vaya acompañada de una gestión 100% pública. Tras recordar que Audasa se lleva como beneficio después de impuestos uno de cada tres euros que cobra en los peajes, el diputado gallego pidió que «no se mutile» la proposición de ley de la Cámara autonómica. «Solo hay reparación de los males contemplando el rescate de la AP-9» , subrayó Sánchez.

Pero ni el PP ni el PSOE parecen dispuestos a permitir que se indemnice a Audasa por perder la concesión. El alto coste de esta operación fue uno de los principales argumentos del Gobierno de Mariano Rajoy para vetar el debate en 2016. La proposición de ley para la transferencia de la titularidad de la Autopista del Atlántico considera que debería ser el Estado el que pagase la factura, si se rescata la autopista. Tras la negativa, la Cámara gallega decidió volver a intentarlo y e n 2017 aprobó otro texto en el que se excluía la mención al rescate . Pero el Ejecutivo de Rajoy se mantuvo en su postura e impidió nuevamente que la propuesta de ley llegase al Congreso. Este verano, por tercera vez el legislativo autonómico dio luz verde por unanimidad a una proposición de ley, idéntica a la segunda propuesta.

Con el cambio de Gobierno, Pedro Sánchez desbloqueó el veto, pero por cuestiones de orden se ha tramitado la primera propuesta. Tras anunciar el voto favorable de los socialistas, Guillermo Meijón matizó que debe ser el «último texto aprobado» en el que no hay referencia a un rescate de la concesión el que se debata en el Congreso. El PP, que ha pasado de vetar que la propuesta llegase al Congreso a apoyar que se tome en consideración la ley, coincidió en este aspecto. El diputado Celso Delgado defendió que para que la transferencia salga adelante habrá que «modificar aspectos esenciales» de la propuesta para encontrar consenso y hacer caso a la última petición de la Cámara gallega.

Solo el diputado de Ciudadanos, Fernando Navarro pidió que la AP-9 continúe en manos del Estado. Navarro argumentó que la vía sirve de conexión con Portugal . Este ha sido uno de los argumentos que el Ministerio de Fomento ha utilizado en diversas ocasiones para justificar que la vía quede en manos del Estado, algo que no comparte el Parlamento gallego que defiende que la autopista termina en Tui. El diputado de Ciudadanos también censuró que el texto incluya que si se transfiere la titularidad a la comunidad autónoma, ésta pueda decidir sobre un posible rescate que costearía el Gobierno central. Navarro reprochó el cambio de actitud del PP, al que acusó de querer costear la campaña de Alberto Núñez Feijóo para las próximas elecciones.

A Madrid se desplazaron también ayer el líder de los socialistas gallegos, Gonzalo Caballero y la portavoz nacionalista Ana Pontón. El primero subrayó la importancia de «buscar vías» para «evitar la subida continua» de peajes durante los próximos 30 años «debido a la concesión prorrogada por parte de Aznar, con la connivencia de Rajoy y también de Feijóo». Pontón, que se reunió con partidos nacionalistas en el Congreso, aseguró que «es un gran día para Galicia» y «un primer paso» para «poner fin al maltrato» de Audasa a los usuarios de la AP-9.

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