El Concello de Vigo se sienta en la comisión del Marisquiño para apuntar al Puerto

Dos cuestiones, los límites en la responsabilidad de mantenimiento del área afectada y las dudas planteadas desde el Ayuntamiento de Vigo sobre la obligación de comparecencia de responsables municipales en la Cámara autonómica -la presidenta de la Comisión intervino hasta en dos ocasiones para defender la imparcialidad y rigurosidad de los servicios jurídicos del Legislativo gallego-, centraron esta mañana la primera intervención de un cargo político del gobierno olívico en la comisión de investigación que se sigue en el Parlamento gallego sobre el durrumbe de una pasarela el pasado agosto que ocasionó más de 460 heridos de diversa consideración entre los asistentes al festival O Marisquiño.

La concejal de Urbanismo del Ayuntamiento, María José Caride , acudía a la llamada de la Cámara, por «decisión personal», dijo, no sin afear la negativa de la Comisión de retrasar las intervenciones hasta contar con el pronunciamiento solicitado al Consejo de Estado sobre la cuestión de fondo. «No dudo de la imparcialidad de los servicios jurídicos de esta Cámara, sí defiendo que su opinión es al menos tan legítima como la de los servicios del Concello de Vigo», mantuvo la compareciente. «Entendíamos que existía un motivo razonable para pedir un aplazamiento, y creemos que esto no se puede considerar una obstaculización. Al menos existen dudas razonables, sobre todo cuando somos convocados bajo advertencia de aplicación del Código Penal », defendió la edil en respuesta a las críticas vertidas por los portavoces de PP, En Marea y BNG (el grupo socialista ha decidido no participar en la comisión) sobre las reticencias a comparecer en el órgano y los obstáculos en la entrega de documentación municipal. «Lo que no entiendo es que el mismo grupo político solicite en una comisión la presencia de alcaldes y en otra, en lo que casi parece una cuestión de psicoanálisis, reclame un informe del Consejo de Estado, sobre todo cuando ese grupo tiene más de 60 comparecencias de responsables municipales solicitadas en otras cámaras legislativas de este país; me parece una duda interesada», replicó el diputado popular José Alberto Pazos Couñago , quien felicitó a Caride por su asistencia: «Hoy, a la hora de la verdad, parece ser que se sienten más amparados por el criterio de los servicios jurídicos de esta Cámara», espetó el parlamentario en referencia a la divergencia de criterio expresada desde los servicios del Ayuntamiento, y en la que se apoyó el secretario del Consistorio para desoír la convocatoria de la Cámara.

Más allá de las discrepancias en torno a este punto -tanto BNG como En Marea consideraron innecesaria la postura del Concello y enmarcaron la cuestión en un principio de necesaria colaboración institucional -, la concejal olívica y el portavoz del PPdeG se enzarzaron en una nueva disputa en torno a los límites de la responsabildiad del Puerto de Vigo y el Ayuntamiento en el mantenimiento de la infraestructura colapsada. «No es una calle de Vigo, está claro que pertenece al dominio público marítimo terrestre, no existió ningún documento de cesión, sino una autorización de uso por parte del Puerto, quien autoriza es el titular y nunca existió una comunicación al Concello de Vigo de un peligro estructural, únicamente sobre el estado de las losetas», defendió la concejal de Urbanismo presentando como aval a sus afirmaciones la negativa del expresidente de la Autoridad Portuaria Ignacio López-Chaves a la solicitud realizada por el Ayuntamiento antes de la aprobación del plan de usos del Puerto en 2012 para desafectar la zona del dominio público marítimo-terrestre. «El estado de conservación de las propiedades es responsabilidad de su titular», sostuvo María José Caride, explicando que «sería bastente absurdo imaginar que la Xunta autorizase un concierto en la Cidade da Cultura y el Concello de Santiago tuviese que contratar un análisis del estado de la infraestructura».

En frente, el diputado del PPdeG Pazo Couñago consideró probado que en el propio convenio del proyecto Abrir Vigo al Mar y en la recepción de las obras firmada por el exalcalde nacionalista Lois Pérez-Castrillo el Ayuntamiento asume el «mantenimiento integral» del espacio afectad0 .