Augas de Galicia deberá autorizar la venta de las hidroeléctricas de Ferroatlántica

Ferroatlántica tendrá que someterse al visto bueno de la administración si quiere resolver la venta de sus centrales en la Costa da Morte. Los expertos en derecho administrativo consultados por ABC reservan a Augas de Galicia la potestad para autorizar o no el traspaso de las hidroeléctricas, en base a los términos de una concesión puesta en tela de juicio por la compañía.

«La transmisión de los derechos de explotación de los ríos de la actual concesionaria a una nueva empresa es legalmente posible, previa autorización de Augas de Galicia», sostiene Luis Míguez, profesor de Derecho Administrativo de la Universidad de Santiago (USC). Míguez añade que el organismo regulador «no puede denegar la autorización si la empresa adquiriente reúne los requisitos legales».

Hasta aquí, Ferroatlántica no tendría problemas para resolver el traspaso, siempre y cuando el comprador de las centrales se adhiera a lo establecido en la concesión. «Bastaría con comunicar a la administración la transmisión una vez efectuada», ratifica el profesor de Derecho Administrativo de la Universidad de Vigo Rafael Acevedo. Pero hay matices importantes. En el caso de la producción eléctrica, «la Ley del Sector Eléctrico vigente exige autorización previa que califica expresamente de reglada», asegura Acevedo.

La concesión que permite a Ferroatlántica explotar los ríos Xallas y Grande para producir energía la vincula, a su vez, con la producción metalúrgica en las factorías de la comarca. Dos sentencias, una del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TXG) y otra del Tribunal Supremo, le dieron la validez jurídica que hoy la empresa cuestiona. Alegan que ya no existe un interés público que obligue a mantener unidas las dos actividades a la concesión. Sin embargo, esta se mantiene vigente.

Única alternativa

Entonces, ¿qué le queda a Ferroatlántica para impulsar la venta? Responde al respecto el magistrado en excedencia y portavoz de En Marea, Luís Villares: «Lo único que se podría hacer es cambiar los términos de la concesión, para mí es la única opción viable dentro de la legalidad».

Según Villares, si Ferroatlántica convence a la Xunta de que su plan de inversiones de 200 millones asegura el interés público, hay una salida. Se trataría de «dar pie a que el interés general cambió». Pero eso no es tan fácil: «Teniendo en cuenta la situación actual de la Costa da Morte, eso es difícil de sostener», declara el lucense. «A nadie se le ocurre mejor interés público que mantener el empleo y la industria», alega, siempre y cuando la apuesta se circunscriba a la comarca, Mantiene que la actual concesión se redactó para «resarcir» a la comarca por el coste ecológico de construir la centrales y explotar los ríos.

Aún con todo, si la Xunta consiente la venta de las centrales, «habría que dictar un acto administrativo que declarase un interés diferente. Y ojo, porque esa declaración es controlable por la jurisdicción». Villares pone como ejemplo el caso de la instalación de una red de eléctrica en la Fraga de Catasós, en el concello de Lalín. Los tribunales declararon que el valor energético «no era prevalente» sobre el valor ambiental del bosque.