RECHAZO DEL ESTATUTO DE LAS ELECTROINTENSIVAS
Alcoa amenaza con cerrar también la fábrica de San Cibrao
La multinacional ve insuficientes las medidas del Gobierno para abaratar los costes de la energía y cree que no servirán para encontrar comprador para las plantas de La Coruña y Avilés
Tres meses después de anunciarlo, el Gobierno central publicaba este lunes el borrador con las medidas con las que pretende abaratar la factura de la luz a la industria gran consumidora de energía. El Real Decreto por el que se regula el estatuto de los consumidores electrointensivos es la solución del Ejecutivo de Pedro Sánchez para evitar el cierre de las plantas de Alcoa en La Coruña y Avilés. Pero la multinacional norteamericana ya ha dado su dictamen. Cree que es insuficiente, que no servirá para encontrar un inversor interesado en estas plantas y además advierte de que pone en «riesgo la viabilidad de la fábrica de San Cibrao (Lugo)» , en la que trabajan 1.200 personas.
Entre las medidas propuestas por el Ministerio de Industria está la exención de hasta el 100% en los pagos por capacidad para este tipo de consumidores. Para lograr este porcentaje tendrán que estar sujetos a los mecanismos de interrumpibilidad, es decir, estar dispuestos a frenar su producción en caso de que la demanda eléctrica sea elevada y la producción no llegue para cubrir a los hogares. Entre otras medidas, también se les compensará por los costes indirectos causados por las emisiones de gases efecto invernadero y se fomentará que las industrias puedan realizar contratos bilaterales con las eléctricas para el uso de energías renovables . La idea es que estos contratos tengan precios establecidos de antemano y la factura de la luz no dependa de los vaivenes del mercado.
«Los objetivos principales del estatuto son dotar a los consumidores electrointensivos de un marco jurídico y económico para el suministro eléctrico que les ayude a mitigar los efectos adversos de sus altos costes energéticos , conforme a la normativa comunitaria, y potenciar la competitividad de la industria, el crecimiento económico y el mantenimiento y generación de empleo de calidad», explican los Ministerios de Industria y Transición Energética en un comunicado. El Gobierno se ha comprometido a aprobar el real decreto el próximo 26 de abril, dos días antes de las elecciones, tras el periodo de exposición pública.
Pero Alcoa considera que tal como está redactado «no aporta la solución que necesita la industria del aluminio». Tras hacer cálculos de lo que podrían abaratar la luz las medidas propuestas, la multinacional considera que la reducción de costes no será suficientes para competir con la industria de otros países . La compañía recuerda que la fábrica de San Cibrao en Cervo ya está en pérdidas y si el real decreto no mejora, la planta podría cerrarse. Según la multinancional, la factoría de aluminio primario consume ella sola el 1,5% del total de la electricidad de España y genera el 32% del PIB de la provincia de Lugo. Además, Alcoa insiste en que si se aprueba sin cambios el decreto, va a «dificultar la venta» de las factorías de La Coruña y Avilés, donde trabajan 700 personas.
Para los trabajadores de Alcoa en La Coruña el borrador es «decepcionante». El presidente del comité de empresa, Juan Carlos López Corbacho, las medidas dadas a conocer por el Gobierno no responden a las expectativas generadas por el Ejecutivo de Pedro Sánchez en las reuniones mantenidas para intentar buscar una solución para la fábrica de alumino. «Nosotros en nuestras movilizaciones cantamos a menudo, Maroto no nos vendas la moto. Y este borrador es una moto», resume López Corbacho. La plantilla continuará con sus movilizaciones para intentar que se modifique sustancialmente el texto y las medidas sirvan realmente para abaratar los costes energéticos y evitar el cierre de las industrias electrointensivas.
Sin constancia en el Ministerio
«Nosotros no tenemos certeza todavía de que Alcoa haya tomado una decisión sobre San Cibrao» , apuntaba este mismo martes la ministra de Industria y Turismo, interrogada en Málaga sobre la amenaza que ahora pende también sobre la planta en Lugo. Reyes Maroto defendió en cualquier caso que hay garantía para las 153 empresas electrointensivas de este país. «Son más de 150.000 empleos que garantizamos como consecuencia de ese estatuto y creo que hay una garantía mayor de la que teníamos cuando nosotros llegamos», sostuvo, en declaraciones recogidas por Ep, reivindicando que el borrador presentado por el Ejecutivo de Pedro Sánchez «da una seguridad Alcoa sobre el precio de la energía». «Era un instrumento que Alcoa nos pedía también para poder dibujar esa necesaria inversión que tiene que hacer otra empresa para la compra», añadió la ministra. «Con el estatuto y con otras medidas que estamos trabajando tanto con la Xunta de Galicia como con el Gobierno de Asturias nos va permitir llegar al 30 de junio con una garantía de un inversor, que es en lo que estamos ahora trabajando», aseguró.
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