Vuelco en el caso de los enchufes de Benidorm: el exedil de Personal responsabiliza al exalcalde

Juan Ramón Martínez, el que fuera concejal de Personal del exalcalde socialista de Benidorm Agustín Navarro, se ha desdicho ante el juez y ha dejado en evidencia al hoy diputado provincial al desentenderse de las múltiples contrataciones y pluses supuestamente irregulares y asegurar que fueron decisión suya.

La investigación por casi medio centenar de posibles casos de enchufes a familiares y afines al PSOE a principios de la anterior legislatura da así un vuelco, dado que el responsable de los recursos humanos se desvincula de estas posibles irregularidades, además al testificar ahora que su primera declaración estaba cocinada para exculpar al exalcalde, por la defensa de este último.

Su nueva versión ha debido resultar creíble, toda vez que el juzgado que instruye la causa ha decidido anular la declaración que realizó en enero del pasado año, por la que resultó imputado, pese a que acudía en calidad de testigo.

Este viernes, el juez ha considerado que «no se dieron las garantías procesales suficientes» cuando declaró por primera vez.

«Se aprovecharon de mi buena fe»

El exedil de Personal ha estado declarando por espacio de dos horas y, según las mismas fuentes, ha dejado patente que, antes de comparecer ante el juez como testigo en enero de 2015, «se aprovecharon de su buena fe».

Las citadas fuentes han indicado que, en aquellos momentos, se le transmitió a Martínez que «no le iba a pasar nada», sin advertirle de que podía resultar imputado, como así fue.

Esta mañana también ha prestado declaración como investigada la exjefa de Personal del Ayuntamiento, aunque lo ha hecho durante media hora y solo para completar parte de la declaración efectuada hace algo más de dos meses debido a que falló el sistema de grabación.

A partir de ahora, el juez deberá decidir si continúa con la instrucción, si archiva la causa o si decide la apertura de juicio oral.

Tanto Agustín Navarro como Juan Ramón Martínez y la exjefa de Personal están acusados de los presuntos delitos continuados de prevaricación administrativa en su modalidad de nombramientos ilegales, de tráfico de influencias y de malversación de caudales públicos por este caso.