Ikea en Alicante: ¿De Rabasa a Aguamarga?

La situación de bloqueo entre el tripartito de Alicante y el gigante del mueble Ikea ha provocado que la llegada de la tienda sueca a la Costa Blanca quede en el aire. Para tratar de salvaguardar la inversión y los puestos de trabajo que hay en juego, la oposición trata, desde su posición, de aportar y tomar las riendas del caso para ayudar a desencallar las negociaciones.

El grupo municipal de Ciudadanos (C's) ha propuesto este jueves la zona de Aguamarga como ubicación alternativa a los terrenos de Rabasa para la instalación de Ikea en Alicante. La propuesta se basa en un informe que elaboraron profesores de la Universidad de Alicante (UA) para una de las empresas propietarias de los terrenos.

El portavoz del grupo municipal, José Luis Cifuentes, ha indicado que el pasado 13 de octubre elevó el proyecto al alcalde, Gabriel Echávarri, y que éste se comprometió a entregarlo a la multinacional sueca como alternativa.

«Es una inversión de cerca de 200 millones de euros y es muy importante por las expectativas que puede generar», ha destacado Cifuentes sobre la tienda del mueble y ha lamentado, a ese respecto, que «si hay algo claro, es que por parte del gobierno de la ciudad, Rabasa no es una solución ni una propuesta viable».

Así, ha considerado la necesidad de plantear «alternativas» y ha acusado al concejal de Urbanismo, Miguel Ángel Pavón, «de dar largas» a posibles ubicaciones, «no ofrece soluciones, se dedica a hacer prohibiciones y no hay alternativas». Fue precisamente Pavón quien puso en entredicho los posibles efectos positivos de la llegada de Ikea a la ciudad.

En ese sentido, ha recogido un planteamiento que «es una alternativa» y ha defendido que «es una alternativa» porque «no hay ninguna palpable al respecto». «Que quede claro, busquen, comparen y si encuentran otras alternativas díganlo», ha clamado.

Sobre el proyecto, los autores del documento, Andrés Molina y Pablo Martín, han detallado que se elaboró en 2013 a instancias de la empresa Urbanizaciones Santo Domingo porque «los terrenos que se estudian son propiedad de la Generalitat Valenciana».

Martín ha puntualizado que se trata de suelos de la zona de expansión de Ciudad de la Luz, pero «cuando se realiza una expropiación forzosa es para una finalidad y hay que cumplirla y hay unos plazos legales, el plazo general es de cinco años».

Por ello, los propietarios al no cumplirse la finalidad reclamaron el retorno de los terrenos. Un proceso en el que se está en estos momentos.

La ubicación exacta tiene diversas ventajas, según los profesores. Entre ellos, los accesos hacia la A7 y la Vía Parque por la parte de detrás, de manera que la fachada litoral --la antigua carretera de Elche--, quedaría liberada.

Asimismo, han señalado que se permitiría, previa modifiación del Plan Director de Ciudad de la Luz, espacios comerciales y de restauración, aunque no un gran centro comercial. Además, han indicado que su tramitación ofrecería menos posibilidades de litigar y sería menos costosa que la que supone la Actuación Territorial Estratégica (ATE).