Los clientes empiezan a recuperar el dinero invertido en las cuotas participativas de la CAM

Los ahorradores que invirtieron en las primeras cuotas participativas del mercado, las de Caja Mediterráneo (CAM), en aquel momento vendidas como «acciones» y pioneras, están empezando en algunos casos a recuperar su dinero después de varios años de pesadilla en la que casi se habían resignado a su valor de 0 euros.

Tras algunas sentencias favorables (en Torrent, Segorbe y Alicante, por ejemplo), varios bufetes de abogados de Valencia y Alicante están publicitando desde hace semanas sus servicios para pleitear y que los afectados se vean resarcidos. Esta vía judicial se abre ahora para «quienes no se acogieron a ninguna solución en su momento», señala Juan Carlos Burguera, del despacho de abogados valenciano que lleva su apellido.

En el caso de las preferentes, hubo canje por las acciones del Banco Sabadell aceptada por algunos clientes, si bien para las cuotas siempre se dijo que habían perdido su valor. Acerca de cuál es la mejor estrategia, si reclamar al Sabadell o a la Fundación Caja Mediterráneo, Burguera explica que «se denuncia contra todos» de entrada. Ocurre que «la entidad bancaria suele argumentar que no es responsable, pero luego los jueces sí están dando la razón a los denunciantes», asegura.

El razonamiento, según Carlos Pena, también letrado y portavoz de la Plataforma CAM, es que cuando el Sabadell compró la caja alicantina por un euro asumió toda la parte de negocio, incluidos estos productos financieros. Coincide también en este análisis otro bufete que trabaja en estos litigios en las tres provincias de la Comunidad Valenciana, García-Petit, donde subrayan que quien tiene fondos para responder es el banco, y la mayoría de clientes que acuden en busca de su soporte jurídico son de Alicante y Valencia, donde más implantación tenía la antigua caja.

Otros bufetes con implantación en toda España, como Arriaga Asociados, llevan también causas relacionadas con estas reclamaciones y en su momento han difundido en sus web que se produjo una «mala praxis» en la venta de estos productos «tóxicos», al no informar adecuadamente de los riesgos.

Varias asociaciones

Además de las denuncias individuales, la vía judicial está abierta a través de varias asociaciones, la más conocida, la Plataforma CAM antes citada, que defiende los intereses de unos 600 afectados en total –cuotas participativas y preferentes– y ha protagonizado manifestaciones de protesta desde que estalló el escándalo.

La Asociación de Perjudicados de Entidades Financieras (APDEF) también está activa en esta especie de frente legal, y en octubre pasado organizó una reunión con ahorradores interesados en recuperar su dinero. Su planteamiento pasa por reclamar por la vía civil para reclamar la nulidad de los contratos de adquisición y una condena «solidaria» contra el Sabadell y la fundación, según su presidente, Francesc García Rafanell.

Este grupo cuenta con 6.000 socios y tiene abiertos más de 5.200 procecimientos en los juzgados españoles, con 1.300 casos resueltos favorablemente y 40 millones de euros recuperados, si bien gestiona otros asuntos, como las cláusulas suelo en las hipotecas, y también de otras entidades, como Bankia, no solo la antigua CAM. También se creó en 2014 una Asociación de Exempleados Perjudicados CAM (EperCAM), con 573 afectados por 1,5 millones de euros.