El tripartito pedía un nuevo pacto territorial por Cataluña y respetar el Estatut

El PSPV, Compromís y Podemos reclamaban en la enmienda a la defensa de la unidad de España que impulsaba el PP -que finalmente se retiró ayer- que se impulsara un «nuevo pacto territorial» dentro de un «amplio cambio constitucional». Los firmantes explican que hay que «respetar la legalidad», pero que había que «replantear el planeamiento autonómico para abrir un nuevo marco de convivencia que garantice el respeto a las diversas entidades políticas, institucionales, territoriales, culturales y lingüísticas que conforman el Estado español y a la vez la igualdad de toda la ciudadanía».

Este texto, que el PP no asumía, resaltaba las diferencias entre españoles por encima del proyecto común, ya que citaba que «en democracia la historia de España siempre ha estado unida a la defensa de la diversidad y la reivindicación de un Estado plural».

Entre las propuestas contenidas en la enmienda, al margen de defender « el papel de las autonomías en la vertebración del Estado», destacaba un cambio constitucional para incorporar en la Carta Magna «los hechos diferenciales», así como «clarificar y delimitar competencias para acabar con los conflictos actuales». También se reclamaba un «nuevo sistema de financiación y el reconocimiento de los servicios básicos fundamentales para las personas que residan en España».

Y el punto más conflictivo era el de « modificar el control de la constitucionalidad de los estatutos de autonomía para evitar que se repita la anulación parcial de un texto aprobado, previamente, por la ciudadanía». Aludían así los firmantes a la modificación que el Tribunal Constitucional (TC) hizo de 14 de los 223 artículos del Estatut de Cataluña en 2010, y deseaban que ese texto hubiera salido adelante. En el Estatut se pedía, entre otras cosas, que el catalán fuera la lengua «preferente» en la educación, en las administraciones públicas y en los medios de comunicación públicos.

La supervisión «exclusiva» por parte del Síndic de Greuges de la actividad de la Generalitat catalana o la independencia del Consejo de Justicia de Cataluña respecto al Consejo General del Poder Judicial fueron otras cuestiones que el TC tumbó.