Valencia

Suspenden las declaraciones del caso Zaplana a la espera de más informes policiales

La UDEF amplía los datos sobre el cobro de unos 10 millones de euros en comisiones por la ITV y el Plan Eólico

Eduardo Zaplana en las inmediaciones de los juzgados de Valencia EFE

ABC

El juzgado del caso Erial -en el que está procesado el exministro y expresident de la Generalitat, Eduardo Zaplana -, ha suspendido las declaraciones de los investigados a la espera de que la UDEF aporte nuevos informes.

Según han explicado a EFE fuentes del caso, la instructora ha optado por esperar a que la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal de la Policía Nacional aporte toda la información de la que dispone antes de iniciar los interrogatorios a los investigados.

Así, la titular del Juzgado de Instrucción número 8 de Valencia que investiga el supuesto cobro de comisiones por adjudicaciones de las Inspecciones Técnicas de Vehículos ( ITV ) durante la gestión de Zaplana al frente de la Generalitat ha suspendido las declaraciones del también expresidente José Luis Olivas y del exvicepresidente del Consell y exdirector general de la Policía, Juan Cotino .

También quedan sin efecto las declaraciones de la exdiputada Elvira Suanzes , la secretaria personal de Zaplana Mitsouko Henríquez , su mujer, Rosa Barceló , y su hija María Zaplana, entre otros investigados, todas ellas previstas inicialmente entre el 23 y 28 de octubre.

Numerosos delitos

Sobre Zaplana y el resto de investigados la jueza mantiene acusaciones de blanqueo de capitales, cohecho , prevaricación , malversación de caudales públicos, tráfico de influencias, fraude en la contratación, delito fiscal, falsedad documental, asociación ilícita para delinquir y grupo criminal.

En el caso Erial, el citado juzgado investiga, entre otras actuaciones, el presunto cobro de comisiones derivadas de la concesión de las ITV, realizadas en 1997 durante la gestión de Zaplana al frente de la Generalitat, y del Plan Eólico de la Comunitat Valenciana, puesto en marcha en 2003.

Las investigaciones judiciales realizadas hasta ahora apuntan a que algunos de los empresarios beneficiarios de estas concesiones podrían haber pagado alrededor de diez millones de euros en concepto de comisiones.

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