Presunta financiación irregular
Uno de los supuestos conseguidores del PSPV fue señalado por la UCO como «zombie» de Imelsa
José Ramón Tíller cobraba su sueldo de la empresa pública pero asesoraba al grupo socialista de la Diputación de Valencia
José Ramón Tíller y José Manuel Orengo son dos de los nombres que más han aparecido desde que se conociera la presunta financiación irregular del PSPV y el Bloc en las elecciones autonómicas y municipales de 2007, especialmente al tratarse de cargos en activo. El primero es actualmente responsable de expansión internacional y comunicación de la empresa mixta Egevasa (sociedad mixta participada al 51% por la Diputación de Valencia y al 49% por el grupo Aguas de Valencia), que en las facturas en las que ha indagado el juzgado y la Policía figura como donante del Bloc.
El segundo era alcalde de Gandia durante la época en la que tienen lugar los hechos y ahora es asesor del presidente de la Generalitat, Ximo Puig. La relación entre ambos es estrecha. Tíller, persona de confianza de Orengo, fue su asesor en Gandia. También lo fue de la exalcaldesa de la localidad Pepa Frau y del exjefe del Consell Joan Lerma.
Trabajó en Crespo Gomar , la empresa a la que la juez coloca en el centro de todo este entramado . Se trataba de la agencia de comunicación que contrataron los socialistas para la campaña y que realizó servicios a los partidos de cuyo pago se habrían hecho cargo terceras empresas mediante la confección de facturas falsas. A cambio de estas supuestas prácticas irregulares, habría sido adjudicataria de contratos con un «posible trato de favor», en opinión de la juez, «como pago» de la financiación. La sociedad fue presidida por Alberto Gomar, hijo del que fuera teniente de alcalde del Ayuntamiento de Gandia Antoni Gomar.
Tíller dirigió asimismo Opino Media (en la que figuraba como administrador Alberto Gomar), la empresa adjudicataria de los polémicos opinómetros por parte del Consistorio de Benidorm en la época de Agustín Navarro como alcalde. Se trataba de unos dispositivos para medir la opinión ciudadana sobre la gestión municipal que se pusieron en marcha a través del dinero del Plan E de Zapatero.
La trayectoria de Tíller también está vinculada con Imelsa , dependiente de la Diputación de Valencia (ahora llamada Divalterra) y cuyas prácticas son investigadas en el caso Taula. Una de las piezas separadas de la causa se centra en los llamados «zombies» , personas que cobraban de la empresa pública sin acudir a su puesto de trabajo. En el inicio de la instrucción judicial se sospechaba de dos tipos de falsos trabajadores: aquellos que percibían un salario de Imelsa pero que nunca desempeñaron un trabajo en ella; y aquellos que, aunque tampoco solían aparecer por allí pese a cobrar, realizaron cometidos en otros puestos de la Diputación.
Este segundo sería el caso de Tíller, según apuntó en su momento la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil. Entró en Imelsa el 4 de abril de 2014 como asesor del consejero del PSPV con un contrato «por obra y servicio». En ese momento el portavoz socialista en la corporación provincial era Orengo, quien le propuso para el puesto. Estuvo trabajando hasta el 31 de mayo de 2015 y, ya pasadas las elecciones, fue nombrado gerente para conseguir limpiar la imagen de la empresa pública tras la etapa de Marcos Benavent. A comienzos de 2016, sin embargo, fue destituido de su puesto por el presidente de la Diputación de Valencia, Jorge Rodríguez, debido a su enfrentamiento con Orengo (quien también salió de ella).
Contrato diferente a las funciones
Este último fue señalado en el informe aportado por la UCO en noviembre de 2016 junto a Raúl Pardos, ambos del grupo socialista, como responsables de contrataciones que podrían haber sido irregulares. La Guardia Civil tomó declaración a Tíller sobre su cometido. Admitió que «realmente no se asesoraba al consejero sino al conjunto de diputados del grupo socialista como miembros de la Junta General. Hay que pensar que son 266 municipios y 56 brigadas en municipios, muchas cosas que atender (...) que durante su función de asesor se reunió tres veces casi seguro». Unas afirmaciones que fueron corroboradas previamente por Pardos, quien reconoció que los asesores en Imelsa también realizaban trabajos en el grupo político como asistentes.
La UCO concluyó que en la empresa pública «se hizo uso de la figura del personal 'asesor' (que permitía la contratación de forma libre y directa) para amparar la contratación de personal al que poder encomendarle tareas que nada tienen que ver con el asesoramiento de consejeros tales como chófer, labores en el partido o grupo político». Añadieron que «existen numerosas cuestiones que llevan a inferir que las funciones reales de determinados 'asesores' realmente ni se desarrollaban en el ámbito de Imelsa ni en relación a un consejero determinado . Tal es así que algunos de ellos reconocen no estar adscritos a ningún consejero en concreto».
En definitiva, para la Guardia Civil estos contratos eran en realidad «personal que, lejos de prestar trabajo efectivo para la empresa pública, empleó la mayor parte e incluso la totalidad de su tiempo en realizar unos cometidos que poco o nada tienen que ver con aquellos para los que en origen fueron contratados». Cada formación política, en su opinión, «se benefició de un personal a su servicio al que le eran encomendadas funciones de distinta índole, lo que no debió haberse retribuido con caudales públicos ».
Tras este informe, diversos cargos del PSPV, Compromís y Esquerra Unida resultaron imputados. Entre ellos, Rafa Rubio y Raúl Pardos. No ocurrió así en el caso de Orengo ni de Tíller, que únicamente fueron llamados a declarar ante la Guardia Civil.
Fuentes de la investigación judicial recuerdan que la instrucción de los «zombies» siguió adelante poniendo el foco en aquellas personas que cobraban un sueldo de Imelsa pero ni siquiera acudían a su puesto de trabajo , por lo que se dejó fuera a aquellos que estaban en nómina en la empresa pública trabajando en otros puestos de la Diputación de Valencia pese a que existían sospechas de irregularidades. La causa principal, apuntan, es que la legislación en el momento de los hechos no era tan concreta y que éstos podían ser punibles sobre todo desde el punto de vista administrativo.
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