Castellón
Santander, Caixabank y Bankia reclaman ante el Supremo la devolución de 1.350 millones por Castor
Las entidades asumieron la indemnización por el cierre del almacén de gas y el Consejo de Ministros no atiende el reembolso
Santander, Caixabank y Bankia han presentado un recurso ante el Supremo en el que solicitan que el Gobierno les devuelva 1.350 millones de euros más los daños causados por el cierre del proyecto de almacenamiento de gas Castor, debido a la indemnización que asumieron las tres entidades a la sociedad promotora Escal-UGS, participada por ACS, según han informado a Europa Press en fuentes jurídicas.
El pasado mes de abril, Santander, CaixaBank y Bankia formularon ante el Gobierno una "reclamación de responsabilidad del Estado legislador" en la que solicitaban dicha devolución, al considerar que, de lo contrario, el Estado se beneficiaría de la inconstitucionalidad a costa de las entidades financiadoras.
En su reclamación, los tres bancos ofrecían al Gobierno alcanzar un acuerdo para permitir hacer la devolución de una manera flexible, a fin de evitar un grave impacto en las cuentas del Estado o en los consumidores gasistas.
Debido a que el Consejo de Ministros ha agotado el plazo preceptivo de la reclamación sin haberla resuelto , se entiende que la misma ha sido desestimada y que cabe recurrir ante el Supremo.
En diciembre de 2017, el Tribunal Constitucional declaró "nulos e inconstitucionales" algunos artículos del real decreto ley aprobado en 2014 que contemplaba la hibernación del Castor y en el que se reconocía la compensación de 1.350 millones de euros para la empresa promotora Escal UGS.
En su sentencia, el Tribunal no entraba en el fondo de la indemnización que recibió Escal UGS por la decisión adoptada sobre Castor, centrándose más en el fondo de cómo se hizo esa indemnización a través de la aprobación de un Real Decreto de urgencia.
Constitucional
En enero de 2018, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) decidió, tras la sentencia del Constitucional, paralizar los pagos a la banca por esta deuda , que ascendían a 6,7 millones de euros mensuales y se abonaban como cargo al sistema gasista.
La pasada semana, Enagás decidió presentar una reclamación de responsabilidad patrimonial contra el Estado como legislador en la que solicitaba la devolución de los costes por sus labores de mantenimiento y seguridad del almacenamiento subterráneo de gas.
Esta decisión de la empresa se producía después de que el Gobierno decidiera finalmente dejar fuera de la orden de peajes y cánones del sistema gasista para 2019 estos derechos de cobro de Enagás, que fueron ya paralizados por la CNMC a principios de 2018 tras la sentencia del Tribunal Constitucional de finales de 2017.
