Política

El PP pide que se abra procedimiento sancionador a Puig por participar en la votación del decreto del IVF

El texto es el que permitió la quita de la deuda al medio del que el presidente de la Generalitat es accionista

Eva Ortiz, este lunes en las Cortes Valencianas ABC

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La portavoz adjunta del PP en las Cortes Valencianas, Eva Ortiz, ha anunciado el registro este mismo lunes de una iniciativa para que la cámara autonómica inste al Consell a iniciar un procedimiento sancionador contra el presidente de la Generalitat, Ximo Puig , "por no haberse abstenido de la votación del Decreto del IVF y por mentir en su declaración de bienes", en relación a sus acciones en el periódico Mediterráneo .

Así lo ha anunciado en rueda de prensa en la que ha justificado esta proposición no de ley "visto el incumplimiento del Código de Buen Gobierno y de la Ley de Incompatibilidades " por parte de Puig. Ortiz ha recordado que el pasado 14 de junio el jefe del Consell firmó la adhesión al Código de Buen Gobierno de la Generalitat pero le acusa de haber incumplido el Decreto cuyo artículo 45 "le obliga a presentar una declaración de bienes e intereses y a mantenerla actualizada en caso de que se produzcan variaciones en las acciones o participaciones que posea".

Según la portavoz adjunta del PP, "es algo que aún no ha hecho ya que en la declaración pública del señor Puig aparecen aún las acciones de Pecsa (Promociones y Ediciones Culturales SA) sin reflejar el cambio societario del que se ha beneficiado ". Ortiz ha asegurado que Puig "miente en esa declaración e incumple el Código de Buen Gobierno al que se adhirió sin que haya dado explicaciones todavía", por lo que "ha incurrido en infracciones muy graves".

Así, ha explicado que el artículo 6 de la Ley de Incompatibilidades y Conflicto de Intereses que aprobó el Botànic señala que el presidente deberá inhibirse del conocimiento de asuntos que interesen a empresas o sociedades en las que hayan realizado funciones de dirección, asesoramiento o administración.

Además, establece que deberá abstenerse cuando tenga interés personal en el asunto que se vaya a aprobar. Al respecto, se ha preguntado "cómo se puede defender" que no tenía interés personal en el asunto "cuando llamó personalmente al director del IVF". "Es evidente que tenía interés en la aprobación del Decreto a medida y, por tanto, tenía que haberse abstenido además cuando incluye una cláusula de retroactividad a medida para esa empresa".

Interés por la operación

La portavoz adjunta del PP en Las Cortes ha insistido en su interés por saber "que día, cómo y por qué" habló Puig con el director del IVF, Manuel Illueca, "para interesarse por la operación en la que sus acciones cambian de valor de forma importante". El PP defiende que, según la ley, la abstención "es preceptiva y deberá efectuarse por escrito y ser notificada a la Oficina de Control de Conflictos de Intereses".

En este sentido, Ortiz ha explicado que la misma ley tipifica en el artículo 15 como infracción muy grave el incumplimiento del deber de abstención o inhibición cuando corresponda, lo que puede acarrear sanciones como el cese o la prohibición de volver a ser nombrado alto cargo no electo entre cinco y diez años.

Ortiz ha puntualizado que la ley señala que cuando el infractor sea un miembro del Consell, el órgano competente para ordenar la incoación del expediente sancionador será el propio Consell , por lo que ha instado a Puig a asumir responsabilidades y a dar explicaciones en un supuesto que ha calificado de "escándalo".

La dirigente del PP ha insistido en que su partido está estudiando el caso así como el posible ejercicio de acciones judiciales para el esclarecimiento de unos hechos "que den la vuelta al envoltorio a una posible o no situación de tráfico de influencias".

La portavoz adjunta del PPCV ha manifestado que la Ley de Incompatibilidades "ya nació rodeada de polémica por estas acciones", debido a que una enmienda "de última hora" del PSPV modificó el texto original del proyecto de ley para elevar el porcentaje máximo de acciones que los altos cargos podían tener en empresas contratistas o que se relacionaran con la Administración, del 0,5% inicial al 10%.

Según Ortiz, "esta modificación permitió al 'president' de la Generalitat mantener su porcentaje de participación en la empresa que posteriormente ha sido absorbida". "Se les olvidó que después iban a hacer una quita", ha declarado.

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