La trama de corrupción vinculada al PP amañó contratos en Valencia durante 15 años

La Unidad del Crimen Organizado (UCO) de la Guardia Civil practicó ayer veinticuatro detenciones en las tres provincias de la Comunidad Valenciana, en el marco de la primera fase de una operación que investiga el amaño de contratos en las administraciones públicas por parte de una «organización criminal» durante quince años. La causa está dirigida por la Fiscalía Anticorrupción y el Juzgado de Instrucción número dieciocho de Valencia, que además ha citado a cinco personas como investigadas.

En la causa se investiga un fraude de varios millones de euros derivado de decenas de actos delictivos. Entre los arrestados se encuentra el expresidente de la Diputación de Valencia y del Partido Popular en la provincia de Valencia, Alfonso Rus, quien fue apartado de la formación el pasado mes de abril, antes de la celebración de las elecciones autonómicas y municipales.

La Guardia Civil practicó un registro de siete horas en el domicilio del que fuera también alcalde de Xàtiva. Al margen de varios exdirigentes del PP, han sido detenidos altos funcionarios, trece empresarios, dos arquitectos y un extrabajador del Ayuntamiento de Valencia (personal de confianza del grupo popular).

Los detenidos comenzaron a pasar ayer a disposición judicial y está prevista la petición de cárcel para al menos una decena de ellos, considerados los cabecillas de la trama.

La causa, que permanece secreta, está abierta por los delitos de prevaricación, malversación, tráfico de influencias, cohecho y blanqueo, de acuerdo con fuentes del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV). Fuentes de toda solvencia consultadas por ABC añaden las causas de «organización criminal y negociaciones prohibidas para los funcionarios». La operación investiga una supuesta red corrupta que ofrecía comisiones millonarias a cambio de contratos en la Generalitat valenciana, la Diputación de Valencia, varios consistorios de la provincia y el Ayuntamiento de Valencia. Entre las empresas investigadas están Ciegsa (dependiente de la Generalitat y cuya sede fue objeto ayer de un registro) e Imelsa, una mercantil propiedad de la Diputación de Valencia.

Los integrantes de la «trama de corrupción» se servían de sus «puestos de responsabilidad en dichas administraciones o en empresas públicas vinculadas a las mismas y de su potestad en materia de contratación para percibir comisiones ilegales a cambio de adjudicaciones fraudulentas».

Según fuentes de la investigación, los empresarios pagaban por las adjudicaciones, se manipulaban los pliegos de condiciones y se abonaban sobreprecios con los que después se repartían las comisiones. El origen de la investigación se remonta a 2014, cuando Anticorrupción abrió diligencias a raíz de una denuncia de Esquerra Unida en la que se aludía a una presunta trama de corrupción en Imelsa por la supuesta gestión irregular por parte de su entonces director gerente, Marcos Benavent. Según fuentes de la UCO, las investigaciones se centran en los contratos que figuran en las grabaciones telefónicas intervenidas a Benavent y en pesquisas que «han permitido descubrir que el ámbito de actuación de la trama corrupta era mucho más extenso de lo que se recogía en esa denuncia incial», de acuerdo con el TSJ valenciano.

Benavent está imputado en la causa, pero no se halla entre los arrestados ayer. Por contra, la Guardia Civil detuvo al que durante años fue el núcleo duro de Rus en la Diputación de Valencia: los exvicepresidentes Máximo Caturla y Juan José Medina; y su exjefe de gabinete Emilio Llopis. Todos ellos fueron suspendidos de militancia ayer por el PP y éste último fue destituido de su cargo orgánico en la ejecutiva de los populares en la provincia. Asimismo, fueron detenidos el exdiputado David Serra y el exgerente de la Fundación Jaume II, Vicente Burgos, así como Salvador Deusa Ibanco, exjefe de sección de Evaluación y Planificación de la Diputación.

Ayuntamiento de Valencia

Una de las ramas de la investigación se centra específicamente en obras adjudicadas por el Ayuntamiento de Valencia. De hecho, entre los detenidos se encuentran la exconcejal de Cultura María José Alcón (que quedó la noche del martes en libertad bajo fianza) y la actual secretaria del grupo municipal del PP en el Consistorio, Carmen García Fuster. El juzgado ha citado para este miércoles como investigados al portavoz de los populares en el Ayuntamiento y presidente del PP local, Alfonso Novo, y el asesor Luis Salom.

Agentes de la Guardia Civil, junto a uno de los fiscales anticorrupción, registraron ayer durante tres horas las instalaciones del grupo en el edificio consistorial en busca de documentación. Fuentes conocedoras del caso explicaron a ABC que la exalcaldesa de Valencia Rita Barberá aparece en las pesquisas, pero por su condición de senadora goza de aforamiento. Para investigarla sería necesario elevar el caso al Tribunal Supremo.