María Àngels Ramón-Llin será la portavoz del grupo popular en el Ayuntamiento de Valencia

La hasta ahora viceportavoz del grupo popular en el Ayuntamiento de Valencia, María Àngels Ramón-Llin, ejercerá como portavoz de ahora en adelante después de que el actual portavoz, Alfonso Novo, haya sido suspendido de militancia por el PPCV. Esta decisión se ha adoptado ante la inminencia de la celebración del pleno que tendrá lugar este jueves en el hemiciclo donde Ramón-Llin ya será la portavoz de los populares y donde el coordinador general, Cristóbal Grau, será el viceportavoz del grupo. El resto de ediles mantienen sus competencias encomendadas en la presente legislatura.

Ramón-Llin será la portavoz del grupo popular en el Ayuntamiento de Valencia tras la suspensión de Alfonso Novo https://t.co/bER2ocF0jH

— ABC Com.Valenciana (@ABC_CValenciana) enero 27, 2016

En cuanto a la presidencia localdel PP que también ostenta Novo, todo apunta a que Ramón-Llin también sería la persona escogida para sustituirle de manera transitoria hasta la celebración de un congreso que está pendiente del calendario que Génova imponga después de la conformación del nuevo Gobierno de España o la celebración de otras elecciones generales.

Y es que esta política con una amplia trayectoria política suscita consenso en las bases del partido que en estos momentos desea evitar enfrentamientos internos. No obstante, la dirección regional, llegado el caso, no descarta la conformación de una gestora que guíe al PP en la ciudad de Valencia hasta la celebración del congreso local.

Alfonso Novo, y una trabajadora del grupo municipal del PP, María José Pí, están citados a declarar como investigados en la trama de corrupción que se saldó con la detención de veinticuatro personas este martes por figurar como autorizados para disponer de las cuentas del partido, de acuerdo con fuentes del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV), aunque aún no se sabe cuándo les tomará declaración el titular del Juzgado de Instrucción número 18 de Valencia que se encarga del caso. Novo, sin embargo, sí ha prestado declaración este miércoles ante los agentes de la Unidad del Crimen Organizado (UCO) y los fiscales anticorrupción.

Por su parte, el equipo de gobierno del Ayuntamiento de Valencia, presidido por el alcalde Joan Ribó y conformado por Compromís, PSPV y València en Comú, ha anunciado este miércoles que pedirá la dimisión del portavoz del PP en el consistorio, Alfonso Novo, y el cese "inmediato" de los asesores de este grupo Luis Salom y Mª Carmen García Fuster, investigados en la operación 'Taula', si tras su declaración ante el juez "se confirman" los cargos que se les imputan.

A la espera de lo que decida el juez

La única circunstancia que podría permitir a Novo volver a sus cargos es que el juez cuando le tome declaración decida dejarlo al margen de las investigaciones y libre de sospecha. En esa situación, que ahora se antoja complicada, volvería a ser portavoz y presidente del PP local.

El futuro del presidente de Valencia ciudad pintaba mal desde el momento de su imputación. Tenga o no relación con los hechos, su declaración ante el juez le puede pasar factura, y es que el PPCV que preside Isabel Bonig no quiere que los casos se le «pudran» como sucedía antaño y, si llega el momento, «lamentablemente tendrá que dejar la portavocía y la presidencia».

Una de las ramas de la investigación que dirige el juzgado de instrucción número 18 de Valencia se centra específicamente en obras adjudicadas por el Ayuntamiento de Valencia. De hecho, entre los detenidos se encuentran la exconcejal de Cultura María José Alcón ( que ha quedado en libertad bajo fianza) y la actual secretaria del grupo municipal del PP en el Consistorio, Carmen García Fuster. El juzgado ha citado para este miércoles como investigados al portavoz de los populares en el Ayuntamiento y presidente del PP local, Alfonso Novo, y el asesor Luis Salom.

Agentes de la Guardia Civil, junto a uno de los fiscales anticorrupción, registraron ayer durante tres horas las instalaciones del grupo en el edificio consistorial en busca de documentación. Fuentes conocedoras del caso explicaron a ABC que la exalcaldesa de Valencia Rita Barberá aparece en las pesquisas, pero por su condición de senadora goza de aforamiento. Para investigarla sería necesario elevar el caso al Tribunal Supremo.

El Juzgado de Instrucción 18 de Valencia, que instruye el "Caso Imelsa", comenzó ayer a tomar declaración a los detenidos en la operación desarrollada contra una trama de corrupción infiltrada en varias administraciones públicas de la Comunidad Valenciana cuyos integrantes se servían de sus puestos de responsabilidad para amañar contratos y cobrar comisiones ilegales a cambio de adjudicaciones fraudulentas.

La primera en comparecer ante el juez fue la ex concejal del Ayuntamiento de Valencia, María José Alcón. Alcón, que fue detenida por la mañana, pasó a disposición judicial ayer pasadas las 22.30 horas. Estuvo en el Juzgado hasta las 00.00. El magistrado instructor decretó su libertad bajo fianza de 150.000 euros. El juez, además, acordó el embargo de bienes como medida cautelar.

La ex concejal del Ayuntamiento de Valencia queda imputada (investigada) en las diligencias abiertas por prevaricación administrativa, malversación de caudales públicos, tráfico de influencias, cohecho y blanqueo de capitales. En la causa hay otros 28 investigados (término que sustituye al de imputado tras la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal), que empezarán a declarar ante el juez hoy.

Fuentes de toda solvencia consultadas por ABC añaden las causas de «organización criminal y negociaciones prohibidas para los funcionarios». La operación investiga una supuesta red corrupta que ofrecía comisiones millonarias a cambio de contratos en la Generalitat valenciana, la Diputación de Valencia, varios consistorios de la provincia y el Ayuntamiento de Valencia. Entre las empresas investigadas están Ciegsa (dependiente de la Generalitat y cuya sede fue objeto ayer de un registro), Engloba e Imelsa, una mercantil propiedad de la Diputación de Valencia.

En las próximas horas, los otros 23 detenidos serán puestos a disposición del Juzgado de Instrucción 18 de Valencia, que esta mañana, además, tiene previsto tomar declaración a otras cinco personas investigadas (imputadas) que no fueron arrestadas ayer. Entre estas cinco personas se encuentran el concejal del Ayuntamiento de Valencia, Alfonso Novo, y una trabajadora del Grupo Municipal del PP en el Consistorio. Ambos están citados por figurar como autorizados para disponer de las cuentas del partido.

La operación llevada a cabo en colaboración con la delegación en Valencia de la Fiscalía Especial Contra la Corrupción y el Crimen Organizado y con la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil como Policía Judicial, se ha saldado con 24 detenciones practicadas en las provincias de Valencia, Alicante y Castellón. Hay otros 5 investigados que no fueron detenidos pero que sí han sido citados para declarar ante el juez.

Ademas de los 9 citados, ayer también fueron arrestados 12 empresarios, dos arquitectos y un ex trabajador del Ayuntamiento de Valencia (personal de confianza del grupo popular).

En la operación desarrollada ayer se llevaron a cabo 33 entradas y registros en las tres provincias de la Comunidad. Se han registrado domicilios particulares de los investigados, sedes sociales de empresas (entre ellas la empresa pública CIEGSA) y fundaciones (entre ellas la Fundación Jaume II), la sede de un equipo de fútbol (Club Deportivo Olimpic de Xàtiva, del que Rus fue presidente) y la sede del Grupo Municipal del Partido Popular en Valencia.

La investigación se inició a partir de una denuncia interpuesta ante la Fiscalía Provincial de Valencia por una presunta gestión irregular de la empresa pública Imelsa, dependiente de Diputación, cuyo director gerente era Marcos Benavent. Benavent está imputado en la causa, pero no se halla entre los arrestados.

La práctica de distintas diligencias permitió descubrir que el ámbito de actuación de la trama corrupta era mucho más extenso de lo que se recogía en esa denuncia incial. El trabajo de la UCO bajo la dirección del fiscal del caso concluyó en la presentación de una querella que por turno de reparto cayó en Instrucción 18 el pasado mes de marzo.

El Juzgado incoó diligencias y declaró las actuaciones secretas desde el principio. En la causa se investigan varios delitos contra la administración pública, entre ellos, los de prevaricación administrativa, malversación de caudales públicos, tráfico de influencias, cohecho y blanqueo de capitales.

En el marco de esta diligencias se desarrolló la operación de ayer encaminada a la detención de algunos de los investigados, al aseguramiento de pruebas y a la adopción de medidas cautelares. La operación sigue abierta. La causa continúa secreta.

En total se han practicado 33 registros: 14 en domicilios particulares y 19 en sedes sociales.

Los detenidos seguirán pasando a disposición del juzgado de Instrucción 18 de Valencia durante el día de hoy, miércoles.