Imagen de archivo de la vicepresidenta de la Generalitat Valenciana, Mónica Oltra MIKEL PONCE
Toni Jiménez

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La vicepresidenta de la Generalitat, Mónica Oltra , y su exmarido Luis Ramírez Icardi estuvieron empadronados en la misma vivienda durante el periodo, entre agosto y noviembre de 2017, en el que la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas investigó de forma «paralela» a la instrucción judicial en marcha, a criterio de la Audiencia de Valencia y del juez instructor, los abusos del educador a una menor tutelada en la residencia en la que trabajaba.

Así lo ha confirmado -a través de un certificado al que ha tenido acceso ABC - el Ayuntamiento de Riba-roja de Túria, la localidad valenciana en la que se situaba el domicilio familiar. El requerimiento lo había realizado el titular del Juzgado de Instrucción número 15 de Valencia, que investiga a trece cargos y funcionarios del departamento autonómico por el presunto encubrimiento de Icardi , que fue condenado a cinco años de prisión y está a la espera del recurso presentado ante el Supremo.

La vivienda de la dirigente de Compromís fue su residencia oficial, al menos de cara a la Administración, entre mayo de 2010 y abril de 2018. En ese tiempo se enmarcan tanto los abusos, producidos entre finales de 2016 y principios de 2017 , como la primera denuncia de la víctima -en febrero de este último año- a la que los responsables del centro no creyeron.

Además, este extremo respalda la versión ofrecida por Oltra, que siempre ha señalado que conoció los abusos el 4 de agosto de 2017 cuando llegó una notificación judicial a su casa en la que se informaba de la orden de alejamiento impuesta al agresor sobre la menor de 14 años.

De hecho, Icardi tuvo su residencia fijada en la vivienda hasta nueve meses después, aunque desde el entorno de la consellera insisten en que la convivencia terminó antes y las fechas oficiales no concuerdan con lo ocurrido realmente con la pareja.

El juez instructor - con el beneplácito de la Fiscalía - ha pedido al Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana que impute a la portavoz del Gobierno de Ximo Puig, por ser aforada, para que comparezca en sede judicial ante los indicios, que su defensa rechaza, de que fuera Oltra quien ordenara abrir un expediente informativo para «desacreditar» a la víctima que exculpaba al agresor.

La decisión de los magistrados de la Sala de lo Civil y lo Penal se espera para los próximos días. Los tres deberán decidir también si asumen o no toda la causa. De momento, el juez de Instrucción no ha aclarado exactamente qué delitos se le imputan a la vicepresidenta, tal y como han recordado sus abogados en su escrito de alegaciones .

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