Las claves del caso Mónica Oltra: de qué le acusan un juez y una fiscal y quién decide su imputación
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La vicepresidenta de la Generalitat Valenciana, Mónica Oltra , está al borde de la imputación en la causa judicial que investiga si desde la Conselleria de Igualdad que dirige se trató de ocultar el caso de abusos sexuales contra una menor tutelada por el que fue condenado a una pena cinco años de prisión el que era su marido en el momento de suceder los hecho, Luis Eduardo Ramírez Icardi.
El pasado 1 de abril, el magistrado del Juzgado de Instrucción número 15 de Valencia dictó un auto acompañado de una exposición razonada de 71 páginas en el que reclama al Tribunal Superior de Justicia que citara a Mónica Oltra en calidad de investigada. Según el juez Vicente Ríos , existen «indicios serios, racionales, sólidos y fundados» de la participación de la vicepresidenta de la Generalitat, que goza de la condición de aforada al ser diputada autonómica, en el presunto encubrimiento de los abusos sexuales que sufrió en un centro una menor tutelada a manos del entonces marido de Oltra entre los años 2016 y 2017.
La causa suma trece imputados, entre ellos algunos altos cargos y funcionarios de la Conselleria de Igualdad , pero solo el TSJ puede investigar a una parlamentaria, por lo que la decisión está en manos de la Sala de lo Civil y lo Penal del alto tribunal valenciano. El proceso para decidir si se cita a declarar como imputada a Mónica Oltra comenzó la pasada semana tras los informes de las partes. Entre ellos, un demoledor documento suscrito por la fiscal superior del TSJ, Teresa Gisbert , una jurista de reconocido prestigio y delitada carrera, comparte la apreciación del juez sobre la participación de la dirigente de Compromís en los hechos y concreta la acusación en los delitos de prevaricación, abandono de menores y omisión del deber de perseguir delitos.
La Fiscalía concluye en un documento de 69 folios de extensión que Mónica Oltra dio un orden «verbal» para tapar el caso de abusos sexuales y posteriormente desacreditar a la víctima. La vicepresidenta y portavoz del Gobierno de Ximo Puig ha optado por cargar contra el escrito del ministerio público, del que considera está plagado de «conjeturas y elucubraciones».
Esto último lo deberá decidir la terna que forman el ponente Antonio Ferrer , la presidenta del TSJ, Pilar de la Oliva , y el que fuera fiscal Anticorrupción y «azote» de decenas de cargos del PP Vicente Torres , quien hace algo más de dos años fue nombrado por el Consejo General del Poder Judicial magistrado de la Sala de lo Civil y lo Penal a propuesta de las Cortes Valencianas, donde los socialistas, Compromís y Podemos gozan de mayoría parlamentaria.
Vicente Torres es fiscal de carrera desde el año 2001, y ejerció en el destacamento de Algeciras de la Fiscalía Provincial de Cádiz hasta el año 2004. Posteriormente, su carrera se desarrolló en la Fiscalía Provincial de Castellón y en la de Valencia.Desde enero de 2014 hasta su nombramiento como juez fue Fiscal Delegado de la Fiscalía Especial contra la Corrupción y el Crimen Organizado.
Vicente Torres fracasó en su intento de acusar en vísperas de unas elecciones municipales a la entonces alcaldesa de Valencia por el PP Rita Barberá por el supuesto uso de fondos municipales para gastos personales que había denunciado Compromís.
Por contra, saldó con éxito la acusación contra el exconseller popular Rafael Blasco en el conocido como «caso Cooperación» que se saldó con una condena de seis años y medio de prisión por el desvío de fondos destinados al Tercer Mundo. Aquel fallo impulsó l carrera de Torres hasta la Fiscalía Anticorrupción.
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