Política
Isabel Bonig: «Ximo Puig rescata empresas en las que tiene intereses con el dinero de los valencianos»
La presidenta del PPCV afirma que si ven «un solo indicio de delito» irán a la justicia
Pese a las reiteradas solicitudes de comparecencia en las Cortes Valencianas por parte de la oposición –además de la ambigua y tibia petición de explicaciones de sus socios de Compromís y Podemos– el presidente de la Generalitat, Ximo Puig, sigue sin dar cuenta de la polémica relación de hechos que está marcando el inicio de su segunda legislatura.
Desde los años 80 posee acciones en Promociones y Ediciones Culturales SA (Pecsa), propietaria de El Periódico Mediterráneo (diario líder en Castellón). Algo que nunca ha ocultado y que ahora declara por un valor contable de 177.886,8 euros (el 1,2% del total).
Aparte del cuestionamiento estético –un político con acciones de un medio–, los acontecimientos recientes son los que han agravado la situación. El grupo Zeta, propietario mayoritario de Mediterráneo, ha sido adquirido por Prensa Ibérica, conformando de este modo el conglomerado mediático más importante de la Comunidad Valenciana y en el que Puig, por tanto, es socio.
La compra de Zeta fue posible gracias a una quita de la deuda del 70% que perdonó, entre otras entidades, el Instituto Valenciano de Finanzas (IVF) con una condonación de 1,3 millones de euros. Acción que el banco público pudo realizar gracias a un decreto aprobado el pasado marzo por el Gobierno autonómico que permitía hacer quitas sobre acreedores y que salió adelante en pleno con el apoyo expreso del propio Puig escasos días antes. A ello se añade que en 2016 y 2017 –estando al frente del Ejecutivo valenciano– ha percibido unos dividendos derivados de dicha participación en Pecsa por importe de alrededor de 12.000 euros .
PP y Ciudadanos pidieron explicaciones desde el primer momento a través de la comparecencia pública del presidente en el Parlamento valenciano, lo cual todavía no ha sucedido. A la espera de que ocurra –o no–, los populares se encuentran pendientes de recibir el expediente de condonación de la deuda del IVF y han presentado una iniciativa para que se le abra procedimiento sancionador.
«Suponemos que esta vez sí nos lo entregarán o será una vulneración de derechos fundamentales como en otras ocasiones. Si del análisis de la documentación vemos un mínimo indicio de delito acudiremos a la justicia», señala la presidenta del PPCV, Isabel Bonig, en conversación con ABC. No descartan, en este sentido, que pudiera existir tráfico de influencias debido a que Puig se interesó por el estado de la operación del banco público, tal como reveló su director Manuel Illueca.
Por el momento, sin embargo, se mantienen prudentes y centran el discurso en el componente ético y político. «No vamos a hacer como ellos atacando a gente del PP. Durante años nos han exigido mucho y han puesto el listón muy alto, lo que queremos ahora es que el presidente dé la cara», indica Bonig.
En su opinión, hay muchas cosas que «no cuadran». « Puig está rescatando empresas privadas con el dinero público de los valencianos . Ha beneficiado a un medio en el que tiene intereses legítimos. Cobra dividendos y sabía que se iba a aprobar el decreto que permitía la quita sin abstenerse en la votación. No criticamos la condonación de la deuda en sí, sino que tenga acciones en esa empresa», resume la presidenta del PPCV.
Códigos éticos
Bonig apunta al incumplimiento del código de Buen Gobierno de la Generalitat, que dicta que cualquier decisión se adoptará atendiendo al interés general y no de naturaleza privada o particular. A lo que se suma, recuerda, que la ley de incompatibilidades sufrió una modificación en su tramitación parlamentaria para que los altos cargos no pudieran ser propietarios de participaciones directas o indirectas que superaran el 10% de total del accionariado de las sociedades anónimas cuando el texto inicial las fijaba en el 0,5%. Una redacción que acabaría blindando la situación de Puig .
La publicidad institucional es otro de los elementos que denuncia. Prensa Ibérica (junto a Mediterráneo) recibió 3,3 millones entre 2016 y 2018 por parte de la Generalitat, la mayor parte directamente de Presidencia. «Existe un control clarísimo de la publicidad hacia medios afines. Es necesario otro plan de ayudas más transparente», señala Bonig.
A todo ello se le suma la polémica por las subvenciones a los medios del hermano de Puig, algunas de las cuales están siendo investigadas por el juzgado. «Han incrementado sus ingresos en 700.000», comenta la presidenta del PPCV. «Todo esto acabará como una trama», vaticinan desde su partido.
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