Idiomas
Hablamos Español advierte al Gobierno de Puig que las leyes europeas tumbarán la imposición del valenciano
«En ningún país del mundo civilizado se obliga a estudiar en una lengua regional», es la respuesta de la entidad al informe de la Generalitat sobre su ILP
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Hablamos Español ha advertido a Mónica Oltra -como consellera secretaria del Consell- que las normativas europeas tumbarán la imposición del valenciano en las aulas por la Generalitat, que esta asociación pretende frenar con una Iniciativa Legislativa Popular (ILP) respaldada por cerca de 40.000 firmas (cuatro veces el mínimo legal).
En un comunicado de respuesta al informe «desfavorable a la toma en consideración» de esta propuesta legal para que las familias puedan elegir libremente en qué lengua estudian sus hijos, la entidad que dirige Gloria Lago aporta un nuevo enfoque al conflicto lingüístico, con una perspectiva internacional.
«El modelo de libre elección de lengua es el único que permite que España cumpla con los compromisos adquiridos al ratificar la Carta europea de las Lenguas Regionales o Minoritarias», detallan, además de anticipar que, según el artículo 96.1 de la CE, «los tratados internacionales válidamente celebrados, una vez publicados oficialmente en España, formarán parte del ordenamiento interno».
La propuesta de Hablamos Español, según sus impulsores, «respeta los derechos lingüísticos de los hablantes de ambas lenguas oficiales, está basada en derecho comparado y es la única posible si se quiere cumplir la Constitución Española » y esos acuerdos comunitarios. «Esto supone un problema para la señora Oltra, firmante del informe, y para sus socios de gobierno y por ello se niega a que podamos intervenir, debatir y replicar en el Plenario para defender nuestra ley», señalan.
Recurso de amparo en el Constitucional
Incluso acusan a la Generalitat, en esta valoración dirigida a su vicepresidenta, de que esta «negativa» a permitirles que se debata en las Cortes Valencianas «implica un flagrante incumplimiento de la propia ley que regula las ILP en la Comunidad Valenciana». A su juicio, «es fruto del temor a contraponer sus ridículos, falaces e inconsistentes argumentos con los nuestros, pero de persistir en su actitud, esta sí contraria a la ley y a la Constitución, acudiremos en amparo al Tribunal Constitucional para defender nuestros derechos y llevaremos ante los tribunales a quienes los están vulnerando».
En el informe firmado por Oltra en representación del gobierno de Ximo Puig (la coalición PSPV-PSOE con Compromís y Podemos), la primera consideración para no querer tramitar la ILP es que según los últimos datos que maneja la Generalitat, solamente un 30% de la población es «plenamente competente en valenciano» , por lo que es «un deber social la necesidad de corregir los desequilibrios y avanzar hacia la plena igualdad lingüística». Esta política de promoción del uso y la enseñanza del valenciano -según los dirigentes autonómicos- ya «han tenido implicaciones beneficiosas para el fomento de valores como ahora la convivencia y la cohesión ciudadana».
Frente a esta tesis, desde Hablamos Español sostienen que incluso si hubiera un porcentaje del 90% de los ciudadanos que prefieren utilizar una de las lenguas, eso «no vulnera en absoluto la igualdad de derechos lingüísticos». Y, en consecuencia, opinan que «el Consell, por tanto, ignora, más bien rechaza, un principio elemental de un régimen verdaderamente democrático y que puede enunciarse de la manera siguiente: cuando existen varias opciones compatibles en su ejercicio individual, ha de permitirse que cada cual ejerza la que prefiere y no obligar a todos a ejercer una determinada».
Y añaden que también puede haber una cierta proporción de ciudadanos que asuman como propios los dos idiomas y puedan ser considerados –por sus circunstancias familiares y sociales– perfectamente bilingües, «lo cual no es ni mejor ni peor desde el punto de vista moral».
También se rechaza por parte de la Generalitat este modelo de libre elección de la lengua de Hablamos Español por consideralo « caduco », a lo que esta asociación replica con varios argumentos. «En ningún país del mundo civilizado se obliga a estudiar, siquiera en parte, en una lengua regional, e incluso es inusual que se permita la enseñanza en una lengua puramente regional; es decir, que no sea una lengua internacional y oficial en todo el territorio de otro país», señalan. Como excepción más cercana a la realidad de aquí mencionan al País de Gales , donde los nacionalistas llevan años reivindicando un referéndum de independencia del Reino Unido. «Gales sería un ejemplo único junto con España, aunque allí, como no podría ser de otra manera, las familias eligen la lengua vehicular», comparan.
