Operación Azud
La Guardia Civil investiga si el PSOE se lucró con la trama de corrupción urbanística de Valencia
La UCO registra la casa del exresponsable de las finanzas del partido de Ximo Puig
Champán francés y relojes de lujo en la trama de corrupción urbanística de Valencia
La operación Azud , en la que se investiga una trama de corrupción urbanística en Valencia, entre los años 2005 y 2010, no solo afecta a la gestión municipal del Partido Popular bajo el mandato de la fallecida Rita Barberá y salpica de lleno al PSPV-PSOE.
De hecho, al margen de la detención del hasta este jueves subdelegado del Gobierno de Pedro Sánchez en la provincia, Rafael Rubio , en la causa figura como investigado José Cataluña, histórico dirigente socialista y antiguo responsable de Finanzas de la formación.
La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil cree que Cataluña ejerció el papel de intermediario entre el constructor Jaime Febrer , considerado por los investigadores como el epicentro de la trama del cobro de comisiones a cambio de un trato de favor en planes urbanísticos, con ayuntamientos gobernados por los socialistas.
La Guardia Civil registró este jueves en la localidad valenciana de Gilet el domicilio de Cataluña, quien ostentó responsabilidades en las filas socialistas hasta el año 2008, y ha citado al antiguo responsable de las cuentas del PSPV-PSOE para tomarle declaración este sábado.
Los agentes tratan de determinar, al margen de su posible papel en la trama, si la formación que en la actualidad lidera el presidente de la Generalitat, Ximo Puig , pudo beneficiarse de la trama corrupta que investiga el juzgado de instrucción número 13 de Valencia de la mano de la Fiscalía Anticorrupción y que permanece bajo secreto de sumario. La causa está abierta por los delitos de cohecho, falsedad documental, blanqueo de capitales contra la Hacienda Pública y tráfico de influencias.
Hasta la fecha, la operación Azud se ha saldado con 14 detenciones y siete personas investigadas. En síntesis, la UCO sostiene que el empresario Jaime Febrer, propietario de la extinta empresa Construcciones Valencia Constitución, abonó comisiones a cambio de adjudicaciones inmobiliarias de suelo público por parte del Ayuntamiento de Valencia.
Alfonso Grau , exvicealcalde de la ciudad y mano derecha de Rita Barberá, y Rafael Rubio , entonces portavoz de la oposición, habrían percibido en concepto de mordidas un millón y 300.000 euros, respectivamente. El primero por favorecer al constructor y el segundo por hacer la vista gorda, siempre de acuerdo con el criterio de los investigadores. Ambos fueron detenidos el jueves y está previsto que este sábado pasen a disposición judicial.
Junto a ellos, la Guardia Civil ha arrestado en el marco de esta presunta trama de corrupción transversal que afecta al PP y al PSOE , a empresarios como Federico Ferrando, hermano del expresidente de la patronal valenciana, y a José Luis Vera, actual director de los servicios jurídicos de la empresa pública Divalterra, dependiente de la Diputación de Valencia, gobernada por los socialistas. La UCO cree que Vera, apoderado entre los años 2007 y 2008 de Construcciones Valencia Constitución, la firma a la que se le atribuyen los sobornos, ejerció de nexo entre Rubio y Febrer .
Al respecto, los agentes también han practicado un registro en el despacho del abogado Virgilio Latorre , uno de los letrados de referencia del PSPV-PSOE al que ha representado en causas que afectaban al PP, donde Vera tenía domiciliada una mercantil.
La crisis generada por la operación Azud se ha saldado hasta ahora con la destitución de Rafael Rubio como subdelegado del Gobierno en Valencia y su suspensión de militancia del PSPV-PSOE, partido al que se afilió en 1981.
Entre los detenidos a raíz de esta investigación, también se encuentran la exalcaldesa y un exc oncejal de Jijona (Alicante), Rosa Verdú y Francisco Doménech (PP), por un proyecto urbanístico que incluía un campo de golf y 5.000 viviendas, en un PAI que no llegó a desarrollarse. En su momento, Verdú llegó a admitir que esta operación beneficiaba a familiares directos del edil, al testificar en 2007 por una denuncia del PSPV.
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