Financiación irregular
La Fiscalía aprecia tres delitos en los contratos del Gobierno de Zapatero con la agencia del PSOE valenciano
Un informe de la Intervención incluido en el sumario revela que el Ministerio de Vivienda firmó una campaña en 24 horas con Crespo Gomar
La investigación que se ha llevado a cabo durante el último año y medio en el Juzgado de Instrucción número 21 de Valencia sobre la presunta financiación irregular del PSPV-PSOE y el Bloc (partido mayoritario en la coalición Compromís) en las elecciones de 2007 ha puesto en la lupa en contrataciones efectuadas por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, en las que la Fiscalía aprecia al menos tres delitos . Las pesquisas comenzaron después de que el juzgado de Valencia recibiera un informe de la Policía en 2016 -tras una denuncia del PP- en el que se apuntaban posibles ilegalidades. Al encontrarse prescrito el delito electoral, pero no los de malversación, prevaricación y falsedad documental, la magistrada decidió trocear la causa en cuatro juzgados de Madrid, Gandía y Benidorm.
Las primeras declaraciones de imputados ( la causa ya suma diecisiete en total ) tendrán lugar mañana en Instrucción 24 de Madrid, donde se indaga en uno de los contratos del Gobierno -concretamente del Ministerio de Vivienda - durante la etapa de Zapatero a Crespo Gomar , la sociedad a la que la juez de Valencia ha colocado en el centro de todo este entramado. Se trataba de la agencia de comunicación con la que trabajaron los socialistas y los nacionalistas en la campaña electoral y que realizó servicios a los partidos de cuyo pago se habrían hecho cargo terceras empresas mediante la confección de facturas falsas. A cambio, habría sido adjudicataria de contratos públicos en administraciones socialistas -tres Ministerios y dos Ayuntamientos- con un «posible trato de favor», en opinión de la juez, «como pago» de la financiación.
En el caso del de Vivienda, el sumario de la causa al que ha tenido acceso ABC incluye un escrito de la Fiscalía Provincial de Madrid en el que, pese al estado inicial en el que se halla el procedimiento, aprecia la existencia de los posibles delitos de «prevaricación administrativa en concurso con malversación de caudales públicos y falsedad documental» . Todo ello sin perjuicio, añade, de que a medida que avance la instrucción se pueda realizar una mejor calificación. A través del análisis previo de la documentación, explica la fiscal, «se ha averiguado que algunas de las empresas han obtenido contratos públicos en procesos de licitación en los que se ha detectado la existencia de patentes irregularidades que pudieran ser constitutivas de delito».
Conclusiones
Para ello menciona un informe de la Intervención General del Estado . Una de las conclusiones principales es que la cronología para la adjudicación del contrato que suscribió el ministerio con la empresa Crespo Gomar resulta «incoherente e imposible» . El documento, incorporado al sumario, detalla los incumplimientos que se dieron durante el procedimiento de adjudicación. Lo cual, en opinión de la juez -tal como se manifestó en el auto de inhibición-, hace sospechar que ya estaba otorgado «antes de que formalmente se hubiesen seguido los trámites o pasos legales».
El informe alerta de «irregularidades que podrían ser constitutivas de infracción penal » en el contrato de 126.208 euros concedido en 2009 a Crespo Gomar por el ministerio al frente del cual se encontraba Beatriz Corredor (en la actualidad miembro de la Ejecutiva federal del PSOE y posible alcaldable por Madrid para las próximas elecciones).
El informe aporta una serie de tesis relevantes. Una de ellas es que la propuesta definitiva de adjudicación se plantea en la mesa el 29 de diciembre, el mismo día en el que se aprueba y se firma el contrato . Todo ello sin haberse realizado el bastanteo de poderes por parte del Abogado del Estado -sin el cual no se puede formalizar un contrato-.
No había urgencia
El documento también destaca que el contrato, para el que compitieron cinco empresas, se licita de forma urgente por el director de Gabinete de la ministra. Para la Intervención, «parece más una imprevisión», puesto que no cumple con los requisitos que establece la ley en casos de urgencia . El objeto era una campaña de publicidad institucional para difundir los contenidos del Plan de Vivienda 2009-2012, lo que según el documento no resultaría necesario adjudicar de forma inmediata puesto que ese plan del ministerio «no es algo sobrevenido».
Intervención también remarca una «inobservancia grave en cuanto a la composición y funcionamiento » de la mesa de contratación durante las diversas sesiones en las que se reúne, con la sustitución de algunos miembros cuya presencia no se acredita.
Advierte también de incumplimientos, como que no se espera a tener un informe técnico de las ofertas presentadas antes de abrir el sobre de la propuesta económica -lo cual es una garantía de transparencia- o que se inadmite una de las ofertas por baja temeraria sin una justificación clara.
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