Animales
La Fiscalía aprecia un delito de maltrato animal en la muerte de los burros antiincendios en Castellón
El ministerio público solicita la citación del director del parque como investigado y las aclaraciones sobre el caso de la Conselleria de Mireia Mollà
El misterio del caso de los burros muertos en Castellón: el baile de cifras de asnos fallecidos en un experimento
La Fiscalía Provincial de Castellón ve un posible delito de maltrato animal en la muerte de diez burros a raíz de un experimento antiincendios de la Conselleria de Agricultura de la Comunidad Valenciana en el Desierto de Las Palmas de Castellón, que causó la dimisión de un alto cargo de la Generalitat.
Así se constata en el decreto firmado por la fiscal jefe María Díaz Berbel, al que ha tenido acceso ABC , en el que se especifica que «los hechos relatados podrían ser en su caso constitutivos de delito de maltrato animal del artículo 337 del código penal».
En consecuencia, afirma, «se acuerda la remisión de las actuaciones al Juzgado Decano de Castellón en orden a la instrucción judicial» y solicita «la declaración en calidad de investigado » del director del parque natural, Antonio Luís García Sanz.
La investigación nace de la denuncia presentada por la diputada del Partido Popular Elisa Día z, quien informó de «la muerte de diez de los cincuenta burros utilizados en el Desierto de Las Palmas como medida para prevenir incendios de la masa forestal», según la Fiscalía.
A la vista del atestado del SEPRONA, resulta que los animales fallecieron aparentemente por falta de ingesta de los nutrientes suficientes . Asimismo, señalan estos informes que no se realizó la correspondiente comprobación sobre la capacidad nutricional del medio natural en el que los burros fueron liberados.
Además, indica, que tampoco se les suministró alimentación suplementaria ni hubo seguimiento veterinario de los ejemplares para detectar los problemas nutricionales que sufrían, de lo que los investigadores culpabilizan al director del parque.
Por ello, la Fiscalía solicita que se reciba la declaración de Antonio García como investigado, así como que la Conselleria de Agricultura de la Generalitat Valenciana aporte la documentación necesaria y el expediente sancionador tramitado por razón de los hechos denunciados.
Por otro lado, también solicita que se tome declaración en calidad de testigo a Juan Francisco Libran Tárrega, protector asignado de los asnos, así como a los peritos Jesús Cardells y Víctor Lizana. Además, de la emisión de un nuevo informe pericial sobre la vegetación existente en el lugar en el que los ejemplares fueron liberados «a efectos de determinar la capacidad nutricional de la misma», y, en su defecto, «un informe coprológico sobre las muestras recogidas en durante la inspección ocular practicada».
