El TSJ declara nulo el decreto del Consell que regula las competencias de turismo de las diputaciones

El TSJ valenciano ha declarado nulos los decretos aprobados por el Consell en marzo de 2016 con los que regulaban las competencias de las diputaciones en materia de turismo y deporte con la justificación de «coordinar» esta política desde la secretaría autonómica del ramo.

En dos resoluciones, la sección quinta de la sala de lo contencioso-administrativo del TSJCV considera que los decretos vulneran el principio de reserva legal ya que al tener como objeto fijar las directrices de coordinación para funciones propias de las tres diputaciones, de acuerdo con la normativa, se tendría que haber dictado una ley que fuera aprobada por las Cortes Valencianas. Por ello, declara su nulidad por «falta de conformidad» a derecho.

El tribunal estina el recurso contencioso-administrativo interpuesto por la Diputación de Castellón en el que se consideraba la decisión de la Generalitat como un «desmantelamiento» de las corporaciones provinciales.

Además, impone las costas procesales por mitad a las partes demandadas -la Generalitat Valenciana y la Diputación de Valencia-, que fija en 3.000 euros en cada sentencia. Los fallos no son firmes y contra ellos cabe recurso de casación.

En una rueda de prensa convocada para hacer pública la decisión del tribunal, el presidente de la corporación en Castellón, Javier Moliner, ha recordado que, en su momento, ya advirtió que los decretos del Consell atendían más a «la necesidad de cumplir con el Pacte del Botànic que a una necesidad real de los castellonenses». En este sentido, ha incidido en que «ponían la rúbrica al ataque frontal contra la Diputación» al «invadir sus competencias».

Por su parte, su homólogo en Alicante, César Sánchez, ha celebrado que «la justicia avale la autonomía de las diputaciones frente al ataque y la injerencia desmedida» del Gobierno.

La Generalitat, en un comunicado, ha anunciado que recurrirá las sentencias y que seguirá estudiando la elaboración de «una nueva normativa de coordinación que, más allá de interpretaciones jurídicas, permita seguir trabajando por la eficiencia, contra el despilfarro y por el interés de los ciudadanos de la Comunidad».