El Consell, sin plan B si los tribunales tumban el decreto de plurilingüismo

Confianza en una resolución favorable pero falta de concreción en el caso de que los tribunales tumben el decreto de plurilingüismo que ya ha sido suspendido tres veces por el TSJCV. El presidente de la Generalitat, Ximo Puig, se ha limitado este jueves durante la sesión de control en las Cortes a defender su legalidad, ya que cuenta con el informe favorable de la Abogacía, del Consel Jurídic Consultiu, el «aval» del Ministerio de Educación -algo que niega el PP- y la consideración de la Fiscalía de que «no lesiona derechos fundamentales».

El jefe del Consell se ha pronunciado así tras las preguntas de la portavoz popular, Isabel Bonig, sobre si va a respetar las resoluciones judiciales tras los «tres varapalos» del Tribunal Superior de Justicia valenciano.

Se refería, concretamente, a la suspensión cautelar del decreto que establece el modelo lingüístico educativo aprobado por el Ejecutivo autonómico para la enseñanza no universitaria. Inicialmente, el programa plurilingüe de la Generalitat organizaba la enseñanza en seis niveles, en los niveles «básicos» estarían los que estudian en castellano, y en los «avanzados» los alumnos que optan por el valenciano.

De este modo, se otorga la mayor titulación en inglés a aquellos escolares que se han decantado por el valenciano. Con todo, tras la negociación entablada con el Ministerio de Educación, el Consell contempló la opción de que el aumento de horas en inglés pueda realizarse sin necesidad de que crezcan las de valenciano.

En su resolución, el tribunal señalaba que se refiere única y exclusivamente a la medida cautelar, no al fondo del recurso y en absoluto se prejuzga nada de lo que pueda resolverse en su día en la sentencia que se dicte, tras los trámites correspondientes de alegaciones y prueba.

Tanto Puig como el conseller de Educación, Vicent Marzà, han destacado que su Ejecutivo «ha cumplido, cumple y cumplirá siempre» las sentencias judiciales, y que este decreto es la respuesta «al fracaso de veinte años» del PP, aunque no han respondido a la pregunta de los populares sobre las consecuencias de que pudiera ser tumbado.

«¿Dónde está el recurso del Ministerio de Educación?», le ha replicado el presidente de la Generalitat, quien ha considerado que si el Ministerio hubiera visto «algún problema de derecho» en el decreto habría actuado en consecuencia y habría recurrido, y no lo ha hecho.

Bonig ha denunciado la «inseguridad y caos» existente tras la suspensión cautelar del decreto, que a su juicio supone que en estos momentos está vigente y se aplica el que el PP hizo en 2012, y ha señalado que el PP y el Ministerio «vigilarán» que se cumpla esa suspensión.

Por su parte, la diputada popular María José Catalá ha alertado de que la resolución de la Conselleria del pasado mayo sobre estancias de profesores en el extranjero se basa en el decreto suspendido, por lo que la Conselleria puede haber incurrido en «desobediencia» o «supuesta prevaricación».

Informe de Fiscalía

El Gobierno autonómico ha utilizado como argumento el pronunciamiento favorable de la Fiscalía, la cual considera en un informe que «no se ha producido lesión» de ningún derecho fundamental, en concreto del de igualdad, ya que dicha norma«no se impide la enseñanza en castellano» y «no se dificulta ni obstaculiza la enseñanza» de esa lengua.

El ministerio público realiza estas consideraciones en un escrito fechado en abril y remitido a la sección cuarta de la sala del TSJCV -que, posteriormente, ordenó la suspensión cautelar- dentro del procedimiento planteado por el sindicato CSI·F, una de las entidades que ha recurrido la norma de la Conselleria de Educación por considerar que es discriminatoria y vulnera el derecho a la igualdad.

En el escrito del fiscal, difundido este jueves por Escola Valenciana, se indicaba, en primer lugar, la «falta de legitimación activa de la demandante», en este caso CSI·F, «que no ostenta ni la representación ni de los centros docentes ni de los alumnos de la Comunidad Valenciana».

De manera subsidiaria, en el caso de que no se aceptara el argumento de la falta de legitimidad -como así ha sido, ya que el TSJ dictó un auto en el que reconocía la legitimación de la central sindical para recurrir el decreto-, la Fiscalía expresaba que, de acuerdo a su criterio, «no se ha producido lesión de derecho fundamental alguno, ni del artículo 14 ni del 27 de la Constitución Española». «Y ello por las siguientes razones: no se impide la enseñanza del castellano y no se dificulta ni obstaculiza la enseñanza del castellano», aseveraba. En este sentido, se apunta que ninguno de los preceptos del decreto obliga a nadie a optar por la enseñanza en valenciano en detrimento del castellano.

Delegación niega que haya aval del Ministerio

En cuanto a la posición del Ministerio de Educación, el delegado de Gobierno en la Comunidad, Juan Carlos Moragues, ha asegurado que la Generalitat no tiene el aval del Ejecutivo central y que la solicitud del Ministerio viene dada ante la ausencia de la publicación de las modificaciones anunciadas por Marzà.

Ante los posibles incumplimientos de esta normativa, según Moragues, el secretario de Estado del ramo, Marcial Marín, y él han mantenido reuniones para abordar y analizar la situación.

Además, ha recordado que en marzo, y tras el informe de la Alta Inspección, el Ministerio de Educación pidió una serie de aclaraciones y decisiones en una carta donde se señalaba que «la vinculación de valenciano e inglés puede ser un elemento discriminatorio para el alumnado».

En ella, se solicitaba a la Conselleria de Educación medidas para evitar la posible discriminación con la certificación de idiomas y se recordaba que el hecho de que el Consejo Escolar apruebe el proyecto lingüístico puede interferir con las competencias del responsable de la dirección.

«El conseller se comprometió a modificar los puntos enviados en la carta de colaboración mediante la normativa de desarrollo del decreto y a día de hoy el Ministerio no ha recibido ninguna comunicación», ha destacado.