Cientos de personas se manifiestan contra los impagos del Consell a los centros de empleo para discapacitados

Los impagos del Consell a los centros especiales de empleo que dan trabajo a 8.500 personas con discapacidad en la Comunidad Valenciana han llegado a la calle. Cientos de ellas (hasta 1.500 según los organizadores) han protestado este viernes en la plaza de la Virgen de València para exigir a la Generalitat que resuelva los expedientes y los pagos pendientes.

La concentración ha sido organizada por el Comité de Entidades Representantes de Personas con Discapacidad de la Comunidad Valenciana (CERMI CV) y por la Agrupación Empresarial Valenciana de Centros Especiales de Empleo (AGEVALCEE). Al término de la misma, sus representantes han sido recibidos de urgencia por el secretario autonómico de Empleo de la Generalitat, Enric Nomdedéu, quien ha expresado su compromiso con la ejecución de los pagos pendientes.

Esta ha sido la primera manifestación del colectivo. La patronal que los agrupa, Agevalcee, anunció el pasado mes que interpondría un recurso contencioso-administrativo contra el Servef ante los impagos de unos 14 millones que el organismo, dependiente de la Conselleria de Economía, acumula desde 2016.

Según su presidente, Juan José Serrano, «muchos centros están jugando con pólizas de crédito o hipotecas personales» debido a esta situación, «muy grave y crítica». Como consecuencia de la falta de ayudas, cuatro de estos espacios se han visto obligados a cerrar, uno de ellos Asindown. Además, 17 centros se quedarán, según detalla, sin cobrar «nada» porque «no se les ha resuelto el expediente», mientras que otros se encuentran con la mitad de la resolución «por hacer».

«Se nos ha dicho desde el Servef que no somos el modelo que quieren, que somos un saco sin fondo», ha denunciado, para remarcar que «se podría generar mucho más empleo sin tantas restricciones, puesto que es un modelo de empleo protegido que tiene más de 30 años, que ha demostrado su eficacia y eficiencia». Además, ha lamentado que haya centros que lleven «sin cobrar la ayuda correspondiente durante 15 meses».

En la lectura del manifiesto, el presidente del CERMI CV, Luis Vañó, ha explicado que «debido a que las personas con discapacidad tienen un mayor riesgo de pobreza, el acceso al trabajo constituye una de las vías principales para asegurar que, tal y como se establece en la Convención de la ONU sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, éstas puedan gozar plenamente de todos los derechos y libertades fundamentales».

«Que los centros especiales de empleo puedan maximizar su impacto social positivo y crear cada vez más y mejores empleos para las personas con discapacidad dependerá de que puedan actuar en un contexto económico, institucional y social favorable», ha reivindicado.

Para conseguirlo, ha abogado por avanzar en el reconocimiento social de los centros especiales de empleo, «apostando por la transparencia y, desde la autorregulación, por la adopción de prácticas avanzadas de gestión y de desarrollo de las personas». Asimismo, ha recordado que se debe trabajar también para favorecer la inclusión en el mercado laboral ordinario.

Contratación de mujeres

Durante la protesta también se han puesto de manifiesto las reivindicaciones de la Comisión de la Mujer del CERMI CV, que pasan principalmente por el impulso de más incentivos a la contratación de mujeres con discapacidad, cursos de formación específicos para este grupo social o planes de igualdad en los municipios que aludan expresamente a las mujeres con discapacidad.

Este departamento aboga por prestar especial atención a las mujeres con discapacidad en el entorno rural, luchar contra la discriminación de las personas transexuales y favorecer la inclusión laboral de las mujeres con discapacidad con un mayor riesgo de exclusión del mercado laboral, como las que tienen sordera o enfermedad mental.

Priorizar el empleo indefinido

Por su parte, la vicepresidenta del Consell, Mónica Oltra, ha defendido, preguntada por esta cuestión, que la Conselleria de Economía Sostenible dé prioridad en la nueva convocatoria de ayudas a los centros especiales de empleo que tengan contratadas a personas con carácter indefinido, en lugar de otorgarlas por criterio de llegada.

Aunque ha reconocido la problemática, la ha achacado principalmente a que, a pesar del crecimiento presupuestario, también se han incrementado las peticiones de los propios centros, especialmente en el sector del automóvil y de servicios.

Según Oltra, en la última convocatoria «las ayudas se han concedido a medida que llegaban las peticiones», lo que ha dejado sin subvención a varios centros. Además, ha apuntado que «lo ideal es que las personas con discapacidad trabajen en empresas ordinarias, por lo que los centro de empleo deberían convertirse en una especie de transición y no en un fin en sí mismo».