Enric Morera y José Císcar, este lunes en la comisión de investigación de las Cortes Valencianas sobre la financiación de PSPV y Bloc
Enric Morera y José Císcar, este lunes en la comisión de investigación de las Cortes Valencianas sobre la financiación de PSPV y Bloc - EFE
Caso Crespo Gomar

La causa relacionada con la financiación irregular del PSPV y el Bloc sigue viva en tres juzgados

Se investigan los delitos de falsedad documental, prevaricación y malversación debido a la prescripción del delito electoral

VALENCIAActualizado:

En diciembre de 2016, el juzgado de Instrucción número 21 de Valencia abría una causa judicial para investigar la presunta financiación irregular del PSPV-PSOE y del Bloc Nacionalista Valencià (el partido mayoritario dentro de la coalición Compromís) durante las elecciones municipales y autonómicas de 2007. Lo hacía tras recibir un informe de la Policía Nacional –que a su vez obtuvo la documentación a raíz de que el PP se personara en una comisaría para aportarla– por falsedad documental, prevaricación, malversación y delito electoral (el cual ya se encuentra prescrito) entre 2007 y 2011.

Tras la práctica de distintas diligencias y con el informe favorable de la Fiscalía, en enero de 2018 se declaró incompetente porque los indicios de delito no se habían cometido en Valencia. A partir de ese momento, la instructora se inhibió en favor de dos juzgados de Madrid, uno de Gandia (Valencia) y otro de Benidorm (Alicante), tres de los cuales se siguen encargando del caso después de que uno lo archivara.

Los papeles apuntaban a la existencia de un entramado similar al de otros casos de corrupción: gastos electorales de los partidos que se acababan facturando a diversas empresas.

En esta causa, el centro era la mercantil Crespo Gomar, constituida en noviembre de 2001 en Gandia y que ofrecía servicios de marketing y comunicación de toda índole. Extinta en 2011, fue presidida por Alberto Gomar, hijo del que fuera teniente de alcalde del Ayuntamiento de esta localidad valenciana Antoni Gomar, y en ella trabajó también José Ramón Tíller. Ambos eran personas de confianza del exalcalde José Manuel Orengo, hasta hace poco asesor del presidente de la Generalitat, Ximo Puig. Tíller asesoró, además de a Orengo, al exjefe del Consell Joan Lerma y a la exalcaldesa de Gandia Pepa Frau. Ahora es alto cargo en la empresa mixta Egevasa, dependiente de la Diputación de Valencia.

Esta agencia de comunicación con la que trabajaron los socialistas y los nacionalistas en la campaña electoral realizó, según las sospechas de la juez, servicios a los partidos de cuyo pago se habrían hecho cargo terceras empresas mediante la confección de facturas falsas. En la documentación aportada a la causa, y que ha venido publicando ABC, aparecen las mercantiles Hospimar 2000, Quick Meals Ibérica, Construcciones Blauverd y Centro Comercial y de Ocio La Vital, a través de Metrovacesa.

A cambio, Crespo Gomar habría sido adjudicataria de contratos públicos en administraciones socialistas -tres Ministerios y los Ayuntamientos de Gandia y Benidorm- con un «posible trato de favor», en opinión de la magistrada, «como pago» de la financiación.

Los importes que han podido comprobarse por vía tributaria coinciden con los servicios al partido.

Correos electrónicos

La documentación que ha rastreado la Policía sobre la financiación del PSPV incluía una serie de correos electrónicos en los que se desvelaban conversaciones sobre cómo elaborar las facturas supuestamente ficticias de trabajos electorales que finalmente asumían terceras empresas.

En uno de ellos, en mayo de 2007, se revela una conversación entre la exsecretaria local de Organización del PSPV-PSOE de Benidorm, Anabel Hallado, y una apoderada de la empresa Crespo Gomar, en la que esta última le remite las facturas de gastos de campaña electoral a nombre de Hospimar S.L., y Quick Meals Ibérica S.A.. En estas comunicaciones existe además una indicación expresa por parte de Hallado de facturar trabajos a Hospimar.

En otro de los correos se menciona una nueva de la constructora Blauverd por un importe de 69.600 euros, la cual se pide que se envíe por mensajería a la sede del partido en la calle Blanquerías, a la atención de Pepe Cataluña (exresponsable de finanzas de los socialistas valencianos). Además, inciden en que en el sobre que se remita al partido únicamente conste esa información y ninguna más.

En el caso del Bloc, aparecen conversaciones entre apoderadas de Crespo Gomar y de Metrovacesa S.A. y del centro comercial y de ocio La Vital (construido por esta promotora en Gandia) en abril de 2006. En ellas se explica que una de las facturas hay que remitirla a Lluis Miquel, quien podría ser el actual jefe de Gabinete del presidente de las Cortes, Enric Morera, y uno de los responsables de la campaña electoral en ese momento.

La causa sigue activa en tres juzgados

Tras la inhibición de la juez de Valencia, cuatro juzgados asumieron la causa, en la que actualmente figuran alrededor de una veintena de imputados:

Instrucción número 1 de Benidorm continúa con las diligencias en la causa sobre presuntas irregularidades en la adjudicación a la empresa Opino Media de los polémicos opinómetros que se instalaron en la localidad y que se enmarcan dentro de la supuesta financiación irregular. Un total de 19 dispositivos para medir la opinión ciudadana sobre la gestión municipal que se pusieron en marcha a través del dinero del Plan E de Zapatero durante la época del diputado socialista Agustín Navarro como alcalde –el cual se encuentra investigado– y que costaron cerca de 300.000 euros.

Este juzgado también recibió un informe de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal de la Policía (UDEF) en el que remitieron entrevistas realizadas a extrabajadores de Crespo Gomar con amplia experiencia. Todos ellos reconocieron no haber participado en ninguna campaña publicitaria que tuviera como destinatario a alguno de los supuestos donantes de los partidos. Es decir, que no les consta que se hubieran llegado a realizar trabajos reales porque no habrían sido clientes.

Otro juzgado de Gandia indaga en una operación sospechosa. Concretamente, la adquisición de un inmueble en el municipio por parte de la Federación Valenciana de Fútbol en 2009 que el Ayuntamiento subvencionó en un 50%. El local pertenecía a una mercantil administrada por Gomar y lo vendió por casi el doble de lo que le costó tres años antes.

Por último, la causa también se encuentra en Madrid. Instrucción 24 declaró el pasado septiembre compleja la instrucción que lleva a cabo sobre los contratos del Ministerio de Vivienda con la agencia de comunicación, por lo que ampliaba a 18 meses el plazo para esas diligencias. En mayo ya había imputado a la cúpula de la exresponsable del departamento Beatriz Corredor por presuntas irregularidades en la adjudicación.

Otra de las investigaciones no siguió adelante. Instrucción 43 de Madrid acordó el pasado julio el archivo de la investigación a Etelvina Andreu y Consuelo Sánchez Naranjo, ambas exaltos cargos del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, por el concurso de publicidad concedido por el Ministerio de Sanidad en 2008 a Crespo Gomar. Después de tomar declaración a ambas y a otros seis miembros de la Mesa de Contratación que dio el visto bueno a la adjudicación, no apreció irregularidades.