Las claves del Caso BrugalEl constructor que «espiaba» el Plan General de Alicante a través de los alcaldes

La investigación judicial sobre el presunto amaño del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Alicante se sustenta principalmente en las conversaciones telefónicas mantenidas entre el constructor Enrique Ortiz, que luego confesó haber financiado al PP, y los alcaldes Luis Díaz Alperi y Sonia Castedo.

De algunos de estos contactos se deduce que el empresario contó con un borrador del PGOU un par de meses antes de su tramitación y la sensación que deja traslucir esta relación fluida -incluidas vacaciones juntos en Andorra y celebraciones en el yate de Ortiz- es que uno de los alicantinos más interesados en el diseño urbanístico de la ciudad «espiaba» cómo se dibujaban los mapas de su expansión futura.

«Me pones en azul esta parcela» y otras indicaciones se airearon tras las pinchazos de los teléfonos de los investigados.

Archivo en Rabasa

A diferencia de la rama referida al llamado Plan Rabasa, con más de 13.000 viviendas proyectadas y un macrocentro comercial ligado a Ikea, que se ha archivado en diciembre por considerar el juez normales esos contactos asiduos entre un empresario y los dirigentes políticos, en esta otra pieza del caso Brugal sí hay procesamiento como investigados -antes imputados- de los tres implicados en la causa.

La propia Castedo se ha confesado «avergonzada», a pesar de este sobreseimiento, en una entrevista televisiva por el contenido de sus diálogos telefónicos con Ortiz, más bien por ese tono demasiado familiar y personal, ya que sigue manteniendo su inocencia de cualquier irregularidad legal.

El origen de esta amistad procede de los tiempos de su antecesor en el cargo, antes de 2008, Díaz Alperi, a quien se investiga, entre otras cosas, por un viaje a Creta supuestamente financiado como dádiva por el constructor.

Claves del caso

El largo proceso de ocho años de investigación del urbanismo alicantino arranca por casualidad cuando la Policía Judicial seguía la pista del caso Brugal por otros supuestos delitos sin relación con los alcaldes Luis Díaz Alperi y Sonia Castedo.

Por casualidad, desde las basuras

En uno de sus múltiples negocios en la provincia de Alicante, a Ortiz se le busca su posible implicación con la gestión de los residuos en la Vega Baja, una contrata millonaria que huele mal también desde el punto de vista de su concesión, tal como había destapado otro empresario investigado y desairado al perder sus opciones, Ángel Fenoll, cuya condena a la postre a 35 años de prisión en 2014 fue revocada porque había prescrito su delito.

Al escuchar algunas de las conversaciones de Ortiz, sin buscarlo los agentes se dan cuenta de los manejos de Ortiz en el PGOU de Alicante.

Invalidar los pinchazos de teléfono

Una estrategia inicial de las defensas consistió en que no se consideraran válidos estos pinchazos telefónicos, dado que se estaban investigando otros supuestos delitos, no los urbanísticos en Alicante, de forma que se podían estar vulnerando los derechos a la privacidad con estas escuchas.

Pero el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) desestimó esta petición del abogado de Castedo a principios de 2013.

Viajes de lujo a Creta e Ibiza

La generosidad del empresario llegó a pagar de su bolsillo un viaje en avión y estancia de Díaz Alperi y su acompañante a la isla de Creta, o a prestar su lujoso yate a Castedo para que disfrutara de un crucero a Ibiza con un nutrido grupo de amigos.

La exalcaldesa reconoció públicamente este regalo de vacaciones, mientras exhibía facturas de otro viaje a Andorra en invierno para demostrar que ahí sí había pagado ella sus vacaciones. Con todo, en una foto filtrada por un concejal suyo resabiado se veía a la exalcadesa y el empresario, con varios amigos en pijama en el hotel.

El «Mini» de la asistenta

Otro supuesto obsequio que llamó la atención fue un coche Mini Cooper, si bien el empresario presentó justificantes de que lo había vendido por 3.000 euros a la asistenta del hogar de Castedo, quien había declarado a su vez haberlo comprado por 5.000.

Esta persona de la confianza de la exalcaldesa ocupó también cargo de asesora suya y la Agencia Tributaria no encontró pruebas claras de la operación de adquisición del vehículo.

Papel activo de PSOE y EU

El PSOE y Esquerra Unida ejercen la acusación particular en esta extensa y prolongada instrucción judicial, y durante la pasada legislatura se han prodigado en declaraciones y peticiones de medidas contra Castedo, que se ha quejado de esta «persecución política» a la que achaca todo el proceso.

En el lado socialista, el punto de inflexión se aprecia tras el archivo de la pieza referida al Plan Rabasa, a partir del cual el actual alcalde, Gabriel Echávarri, se ha mostrado más conciliador. Este martes, sin ir más lejos, al conocer el procesamiento de Castedo y Alperi ha declarado que «forma parte del pasado» y prefiere «pasar página», además de «desear suerte a los inocentes» y que «caiga el peso de la justicia» sobre los posibles culpables, si los hay.