La Audiencia de Valencia archiva la causa del circuito de Fórmula 1 que afectaba a Camps

Uno de los frentes judiciales más importantes que afectaban a Francisco Camps ha quedado despejado este martes tras una instrucción con diversos sobresaltos. La Audiencia de Valencia ha decidido archivar la causa sobre presuntas irregularidades en el circuito de Fórmula 1 en la ciudad que investigaba, entre otros, al expresidente de la Generalitat.

La Sala estima, de este modo, el recurso de apelación interpuesto por la Fiscalía Anticorrupción y por varios acusados contra el auto de la titular del Juzgado de Instrucción 17 en el que procesaba a Camps y a otras quince personas -entre ellas el exconseller Mario Flores y el ex secretario autonómico Victoriano Sánchez-Barcaiztegui, además de varios empresarios- por el diseño y construcción de la infraestructura para el Gran Premio.

En uno de sus pronunciamientos, la magistrada cargaba incluso contra el Ministerio Público por su «sorprendente y poco seria» solicitud de archivo, insistiendo en el procesamiento al exjefe del Consell. Finalmente, acordaba el pasado junio la apertura de juicio oral sin aguardar a la resolución de la Audiencia , que podía acabar revocándola como así ha ocurrido.

Para Anticorrupción, la posible prevaricación, en caso de ser constitutiva de delito, estaría prescrita y no podría probarse la malversación según se desprendía de un informe elaborado por Intervención de la Generalitat. En él se concluía que «no se constatan fehacientemente hechos o circunstancias que permitan apreciar la existencia de un perjuicio económico directo» para la Administración.

Ahora, la Audiencia se manifiesta en este mismo sentido y explica que el delito continuado de prevaricación sólo sería perseguible en virtud de la conexidad con el de malversación, que no consideran probado. «No basta para alcanzar diferente conclusión el coste elevado del circuito de Fórmula 1, cosa previsible pese a las manifestaciones del señor Camps en el sentido de que el coste del mismo sería "cero"», señalan. Hablando en términos jurídicos, comentan, es preciso conocer la cantidad en la que se hubiera perjudicado al erario público para poder perfilar un delito de malversación.

Pese a la posición de Anticorrupción, la Abogacía de la Generalitat mantuvo la acusación en solitario y reclamaba siete años de cárcel para Camps y 17 años de inhabilitación absoluta.